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La sucesión de cierres temporales de playas de Cádiz por contaminación bacteriana ha vuelto a poner el foco sobre el estado del saneamiento y la depuración en los municipios costeros. Ecologistas en Acción considera que estos episodios evidencian un problema que va más allá de casos puntuales y denuncia un "déficit de gestión inaceptable" por parte de las administraciones competentes.
La organización recuerda que la responsabilidad legal de depurar los vertidos corresponde a los municipios, aunque señala que estos no siempre disponen de los recursos técnicos y económicos necesarios. A su juicio, corresponde a administraciones como la Junta de Andalucía y, en las actuaciones estatales, al Gobierno central facilitar la financiación, diseño y ejecución de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Ecologistas en Acción ya había advertido en su informe anual de Banderas Negras de problemas relacionados con la ausencia de depuración, el descontrol de los vertidos y el funcionamiento deficiente de depuradoras del litoral. También considera limitados los informes de aguas de baño marítimas de la Consejería de Sanidad porque no incluyen contaminantes emergentes.
Pese a ello, varias playas con una importante utilización turística han tenido que cerrar temporalmente por contaminación fecal. La organización recuerda además que está prevista una nueva normativa europea más rigurosa ante las limitaciones de la Directiva 2006/7/CE, que regula actualmente la calidad de las aguas de baño.
La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte sobre este riesgo: "La contaminación fecal de las aguas sigue constituyendo un riesgo para la salud humana, en especial si está presente en las zonas de baño. Nadar en playas o lagos contaminados puede provocar enfermedades. Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales y las aguas drenadas de las tierras y las explotaciones agrícolas. Esta contaminación se incrementa cuando se producen precipitaciones intensas e inundaciones, debido al desbordamiento de las alcantarillas y al vertido de aguas de drenaje contaminadas en ríos y mares".
Ocho playas cerradas temporalmente al baño
Según Ecologistas en Acción, las depuradoras funcionan de manera muy deficiente en El Puerto de Santa María, Vejer, Barbate, Los Barrios y San Roque, incumpliendo de forma continuada el Real Decreto 509/1996 sobre depuración de aguas residuales urbanas y contaminando el litoral.
A ello se suman los cierres temporales registrados en Micaela, en Chipiona; Punta Candor, en Rota; Fuentebravía y Aculadero-Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María; La Cachucha, en Puerto Real; El Carmen, en Barbate; Atlanterra, en Tarifa; y El Rinconcillo, en Algeciras. La organización califica la situación de "inadmisible" y subraya que Micaela y Fuentebravía cuentan con Bandera Azul, un reconocimiento al que se refiere como "pseudogalardón".
Ecologistas identifica cinco causas principales detrás de estos episodios: ausencia de depuración, mal funcionamiento de las depuradoras, superación de la capacidad de las EDAR, insuficiente agrupación de vertidos y emisarios submarinos rotos o dañados.
En lugares como El Palmar, Zahora y Los Caños de Meca, denuncia la ausencia de depuración, con vertidos que terminan en el mar o en fosas sépticas que posteriormente deben vaciarse y trasladarse a estaciones depuradoras, aumentando la carga que soportan estas instalaciones.
También apunta al funcionamiento de la EDAR de Barbate, que considera completamente insuficiente. Según expone la organización, durante el verano se bombea el efluente para llevarlo al litoral del Retín. Los vertidos a la desembocadura del río Barbate, considerada además Zona de Aguas Sensibles, explicarían los problemas registrados en la cercana playa del Carmen.
Otro de los factores aparece durante episodios de fuertes lluvias. El volumen de agua contaminada puede superar entonces la capacidad de las estaciones, que recurren a "aliviaderos". Ecologistas añade que numerosos municipios carecen de redes separativas para aguas pluviales y fecales y tampoco disponen de tanques de tormenta capaces de almacenar y regular esas avenidas.
El problema también se produce, según la organización, aunque la depuradora funcione correctamente. Es lo que señala en Chipiona, Rota y Tarifa, donde la insuficiente agrupación de todos los vertidos contaminantes habría provocado episodios en Micaela, Punta Candor o Los Lances, respectivamente.
A ello se suma el estado de los emisarios submarinos. Ecologistas sostiene que los ayuntamientos deben presentar una Declaración Anual de Vertidos y que estos documentos evidencian que en numerosos casos las conducciones están rotas, impidiendo alejar y diluir adecuadamente el agua depurada mediante los difusores situados al final de las tuberías.
El aumento de población en verano pone las EDAR al límite
El segundo trimestre del año, Cádiz recibió dos millones de turistas, la mayoría con las playas como destino. Ecologistas considera por ello que los problemas de depuración deben abordarse también como una cuestión de salud pública. Algunas EDAR diseñadas para una determinada población equivalente quedan sobrepasadas cuando durante el verano el número de habitantes se multiplica por tres o incluso por cinco.
La organización sostiene que este escenario no es nuevo y advierte de que "la situación de depuración insuficiente no es nueva, sino que se está haciendo crónica". Las instalaciones se construyen, señala, pero posteriormente no siempre reciben un mantenimiento adecuado, lo que provoca un deterioro progresivo de su funcionamiento.
Ecologistas reclama que todos los municipios dispongan de una red separativa de aguas fecales y pluviales y que las depuradoras gestionen correctamente los tres flujos que generan: agua saneada, biogás y fangos de depuración.
España continúa además obligada a pagar una multa coercitiva por incumplir las obligaciones de tratamiento de aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes equivalentes, entre ellas Tarifa y Barbate. En Tarifa, según la organización, la depuradora funciona correctamente, pero existe un importante volumen de vertidos que no está conectado a la EDAR. En Barbate, la nueva depuradora sigue en construcción.
Ecologistas recuerda igualmente que el Reglamento 2020/741 fija requisitos mínimos para la reutilización del agua y busca garantizar la seguridad de las aguas regeneradas destinadas al riego agrícola, así como favorecer la economía circular y la adaptación al cambio climático. El Real Decreto 1085/2024 introdujo, entre otras herramientas, el Observatorio de la gestión del agua en España y el Sello de gestión transparente del agua.
Para las administraciones responsables del abastecimiento, saneamiento y depuración de aglomeraciones de más de 50.000 habitantes existe la "obligación de elaborar planes que fomenten la reutilización de aguas asociados a los usos urbanos". Para las de menos de 50.000 habitantes la normativa establece que "podrán elaborar planes simplificados de fomento de la reutilización de aguas". Ecologistas critica, en este contexto, que nuevos proyectos como la depuradora de Conil no incorporen tratamiento terciario para regenerar el agua.
La organización pone asimismo el foco sobre el Canon de Mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración, existente desde 2011. Según los datos aportados, el pasado año permitió recaudar 180 millones de euros. Se trata de un impuesto finalista aplicado en todos los municipios andaluces, tengan o no servicio de depuración o actuaciones financiadas por la Junta. Ecologistas denuncia, sin embargo, una "falta de transparencia" sobre la aplicación de estos fondos.
También rechaza la supresión del impuesto sobre los vertidos a aguas litorales incluida en el reciente acuerdo de Gobierno andaluz PP y Vox. La organización considera la medida "arbitraria, injustificada" y sostiene que, en caso de llevarse a efecto, podría incrementar la carga contaminante sobre las aguas costeras.
La sucesión de cierres temporales de playas de Cádiz por contaminación bacteriana ha vuelto a poner el foco sobre el estado del saneamiento y la depuración en los municipios costeros. Ecologistas en Acción considera que estos episodios evidencian un problema que va más allá de casos puntuales y denuncia un "déficit de gestión inaceptable" por parte de las administraciones competentes.
La organización recuerda que la responsabilidad legal de depurar los vertidos corresponde a los municipios, aunque señala que estos no siempre disponen de los recursos técnicos y económicos necesarios. A su juicio, corresponde a administraciones como la Junta de Andalucía y, en las actuaciones estatales, al Gobierno central facilitar la financiación, diseño y ejecución de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Ecologistas en Acción ya había advertido en su informe anual de Banderas Negras de problemas relacionados con la ausencia de depuración, el descontrol de los vertidos y el funcionamiento deficiente de depuradoras del litoral. También considera limitados los informes de aguas de baño marítimas de la Consejería de Sanidad porque no incluyen contaminantes emergentes.
Pese a ello, varias playas con una importante utilización turística han tenido que cerrar temporalmente por contaminación fecal. La organización recuerda además que está prevista una nueva normativa europea más rigurosa ante las limitaciones de la Directiva 2006/7/CE, que regula actualmente la calidad de las aguas de baño.
La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte sobre este riesgo: "La contaminación fecal de las aguas sigue constituyendo un riesgo para la salud humana, en especial si está presente en las zonas de baño. Nadar en playas o lagos contaminados puede provocar enfermedades. Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales y las aguas drenadas de las tierras y las explotaciones agrícolas. Esta contaminación se incrementa cuando se producen precipitaciones intensas e inundaciones, debido al desbordamiento de las alcantarillas y al vertido de aguas de drenaje contaminadas en ríos y mares".
Ocho playas cerradas temporalmente al baño
Según Ecologistas en Acción, las depuradoras funcionan de manera muy deficiente en El Puerto de Santa María, Vejer, Barbate, Los Barrios y San Roque, incumpliendo de forma continuada el Real Decreto 509/1996 sobre depuración de aguas residuales urbanas y contaminando el litoral.
A ello se suman los cierres temporales registrados en Micaela, en Chipiona; Punta Candor, en Rota; Fuentebravía y Aculadero-Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María; La Cachucha, en Puerto Real; El Carmen, en Barbate; Atlanterra, en Tarifa; y El Rinconcillo, en Algeciras. La organización califica la situación de "inadmisible" y subraya que Micaela y Fuentebravía cuentan con Bandera Azul, un reconocimiento al que se refiere como "pseudogalardón".
Ecologistas identifica cinco causas principales detrás de estos episodios: ausencia de depuración, mal funcionamiento de las depuradoras, superación de la capacidad de las EDAR, insuficiente agrupación de vertidos y emisarios submarinos rotos o dañados.
En lugares como El Palmar, Zahora y Los Caños de Meca, denuncia la ausencia de depuración, con vertidos que terminan en el mar o en fosas sépticas que posteriormente deben vaciarse y trasladarse a estaciones depuradoras, aumentando la carga que soportan estas instalaciones.
También apunta al funcionamiento de la EDAR de Barbate, que considera completamente insuficiente. Según expone la organización, durante el verano se bombea el efluente para llevarlo al litoral del Retín. Los vertidos a la desembocadura del río Barbate, considerada además Zona de Aguas Sensibles, explicarían los problemas registrados en la cercana playa del Carmen.
Otro de los factores aparece durante episodios de fuertes lluvias. El volumen de agua contaminada puede superar entonces la capacidad de las estaciones, que recurren a "aliviaderos". Ecologistas añade que numerosos municipios carecen de redes separativas para aguas pluviales y fecales y tampoco disponen de tanques de tormenta capaces de almacenar y regular esas avenidas.
El problema también se produce, según la organización, aunque la depuradora funcione correctamente. Es lo que señala en Chipiona, Rota y Tarifa, donde la insuficiente agrupación de todos los vertidos contaminantes habría provocado episodios en Micaela, Punta Candor o Los Lances, respectivamente.
A ello se suma el estado de los emisarios submarinos. Ecologistas sostiene que los ayuntamientos deben presentar una Declaración Anual de Vertidos y que estos documentos evidencian que en numerosos casos las conducciones están rotas, impidiendo alejar y diluir adecuadamente el agua depurada mediante los difusores situados al final de las tuberías.
El aumento de población en verano pone las EDAR al límite
El segundo trimestre del año, Cádiz recibió dos millones de turistas, la mayoría con las playas como destino. Ecologistas considera por ello que los problemas de depuración deben abordarse también como una cuestión de salud pública. Algunas EDAR diseñadas para una determinada población equivalente quedan sobrepasadas cuando durante el verano el número de habitantes se multiplica por tres o incluso por cinco.
La organización sostiene que este escenario no es nuevo y advierte de que "la situación de depuración insuficiente no es nueva, sino que se está haciendo crónica". Las instalaciones se construyen, señala, pero posteriormente no siempre reciben un mantenimiento adecuado, lo que provoca un deterioro progresivo de su funcionamiento.
Ecologistas reclama que todos los municipios dispongan de una red separativa de aguas fecales y pluviales y que las depuradoras gestionen correctamente los tres flujos que generan: agua saneada, biogás y fangos de depuración.
España continúa además obligada a pagar una multa coercitiva por incumplir las obligaciones de tratamiento de aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes equivalentes, entre ellas Tarifa y Barbate. En Tarifa, según la organización, la depuradora funciona correctamente, pero existe un importante volumen de vertidos que no está conectado a la EDAR. En Barbate, la nueva depuradora sigue en construcción.
Ecologistas recuerda igualmente que el Reglamento 2020/741 fija requisitos mínimos para la reutilización del agua y busca garantizar la seguridad de las aguas regeneradas destinadas al riego agrícola, así como favorecer la economía circular y la adaptación al cambio climático. El Real Decreto 1085/2024 introdujo, entre otras herramientas, el Observatorio de la gestión del agua en España y el Sello de gestión transparente del agua.
Para las administraciones responsables del abastecimiento, saneamiento y depuración de aglomeraciones de más de 50.000 habitantes existe la "obligación de elaborar planes que fomenten la reutilización de aguas asociados a los usos urbanos". Para las de menos de 50.000 habitantes la normativa establece que "podrán elaborar planes simplificados de fomento de la reutilización de aguas". Ecologistas critica, en este contexto, que nuevos proyectos como la depuradora de Conil no incorporen tratamiento terciario para regenerar el agua.
La organización pone asimismo el foco sobre el Canon de Mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración, existente desde 2011. Según los datos aportados, el pasado año permitió recaudar 180 millones de euros. Se trata de un impuesto finalista aplicado en todos los municipios andaluces, tengan o no servicio de depuración o actuaciones financiadas por la Junta. Ecologistas denuncia, sin embargo, una "falta de transparencia" sobre la aplicación de estos fondos.
También rechaza la supresión del impuesto sobre los vertidos a aguas litorales incluida en el reciente acuerdo de Gobierno andaluz PP y Vox. La organización considera la medida "arbitraria, injustificada" y sostiene que, en caso de llevarse a efecto, podría incrementar la carga contaminante sobre las aguas costeras.
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