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Los chiringuitos-discotecas de Puerto Sherry, en El Puerto, se enfrentan a su demolición después de años de controversia por la permanencia de estas instalaciones. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para ejecutar de manera subsidiaria los trabajos de desmontaje y derribo de los tres locales, cuyo coste total está estimado en 360.000 euros, según ha informado Ecologistas en Acción. Fuentes municipales, consultadas por lavozdelsur.es, señalan que este importe no saldrá de las arcas municipales, sino que serán los propios empresarios los que se hagan cargo.
La decisión llega después de que las empresas titulares incumplieran las órdenes municipales que las obligaban a retirar las instalaciones. Los establecimientos se encuentran sobre suelo destinado a viario, donde podían instalarse al tratarse, en principio, de estructuras desmontables y no permanentes.
Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que los locales no se desmontaban cada año, pese a ser una condición para su instalación. La organización considera que el elevado presupuesto previsto para retirarlos demuestra que existen construcciones fijas incompatibles con el uso permitido de esos terrenos.
Los trabajos, una vez ejecutados por el Ayuntamiento, serán cobrados a las empresas titulares de los establecimientos, responsables de cumplir las órdenes de desmontaje.
Tres decretos y un plazo de diez días que no se cumplió
El procedimiento tiene su origen más reciente en los tres decretos firmados el pasado 26 de junio por la teniente de alcalde Leonor Caballero, después de que el Ayuntamiento ordenara el cierre de los establecimientos.
Aquellas resoluciones concedían a las empresas un plazo de diez días para desmontar y demoler las instalaciones, que comenzaba a contar desde el cierre de los locales, fijado para el 6 de julio.
Según Ecologistas en Acción, los propietarios no atendieron el requerimiento. La asociación explica que, ante esta situación, remitió varios escritos a Caballero y al alcalde, Germán Beardo, recordándoles la obligación municipal de hacer cumplir sus resoluciones.
Finalmente, el 9 de octubre se emitieron otros tres decretos que anuncian la ejecución subsidiaria. Estos documentos incorporan información de las inspecciones municipales realizadas para valorar el coste de los trabajos. La ejecución subsidiaria supone que será la Administración la encargada de llevar a cabo las actuaciones que no han realizado los titulares de los locales, repercutiendo posteriormente los gastos a las empresas.
Ecologistas recuerda que el caso está en manos de la Fiscalía
La organización ecologista lleva años denunciando las instalaciones de Puerto Sherry y cuestionando la actuación del Ayuntamiento ante lo que considera incumplimientos reiterados de la normativa. Según explica, los decretos municipales que se firmaban anualmente ya establecían la obligación de desmontar los establecimientos. Entre sus firmantes menciona a Leonor Caballero, Danuxia Enciso y al propio alcalde, Germán Beardo.
Ecologistas en Acción critica que, pese a estas resoluciones, no se exigiera su cumplimiento durante años. La asociación trasladó estos hechos, junto a otras circunstancias, a la Fiscalía, que ha promovido actuaciones penales en los juzgados de El Puerto. La entidad participa en esta causa como acusación particular.
La organización considera que la permanencia de los establecimientos ha afectado durante años a la seguridad, la tranquilidad y el descanso de numerosos residentes, además de plantear problemas medioambientales y de legalidad.
En su valoración de los nuevos decretos municipales, Ecologistas en Acción sostiene que con esta decisión "se va poniendo algo de orden en lo que ha sido una lamentable y caótica gestión municipal".
Aunque el Ayuntamiento ya ha dictado las resoluciones para actuar de manera subsidiaria, el derribo no será inmediato. Los decretos abren ahora un plazo para la presentación de recursos antes de que continúe la tramitación del expediente. Una vez superada esta fase, y conforme al procedimiento administrativo correspondiente, el Consistorio podrá avanzar en la ejecución de los trabajos previstos.
Los chiringuitos-discotecas de Puerto Sherry, en El Puerto, se enfrentan a su demolición después de años de controversia por la permanencia de estas instalaciones. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para ejecutar de manera subsidiaria los trabajos de desmontaje y derribo de los tres locales, cuyo coste total está estimado en 360.000 euros, según ha informado Ecologistas en Acción. Fuentes municipales, consultadas por lavozdelsur.es, señalan que este importe no saldrá de las arcas municipales, sino que serán los propios empresarios los que se hagan cargo.
La decisión llega después de que las empresas titulares incumplieran las órdenes municipales que las obligaban a retirar las instalaciones. Los establecimientos se encuentran sobre suelo destinado a viario, donde podían instalarse al tratarse, en principio, de estructuras desmontables y no permanentes.
Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que los locales no se desmontaban cada año, pese a ser una condición para su instalación. La organización considera que el elevado presupuesto previsto para retirarlos demuestra que existen construcciones fijas incompatibles con el uso permitido de esos terrenos.
Los trabajos, una vez ejecutados por el Ayuntamiento, serán cobrados a las empresas titulares de los establecimientos, responsables de cumplir las órdenes de desmontaje.
Tres decretos y un plazo de diez días que no se cumplió
El procedimiento tiene su origen más reciente en los tres decretos firmados el pasado 26 de junio por la teniente de alcalde Leonor Caballero, después de que el Ayuntamiento ordenara el cierre de los establecimientos.
Aquellas resoluciones concedían a las empresas un plazo de diez días para desmontar y demoler las instalaciones, que comenzaba a contar desde el cierre de los locales, fijado para el 6 de julio.
Según Ecologistas en Acción, los propietarios no atendieron el requerimiento. La asociación explica que, ante esta situación, remitió varios escritos a Caballero y al alcalde, Germán Beardo, recordándoles la obligación municipal de hacer cumplir sus resoluciones.
Finalmente, el 9 de octubre se emitieron otros tres decretos que anuncian la ejecución subsidiaria. Estos documentos incorporan información de las inspecciones municipales realizadas para valorar el coste de los trabajos. La ejecución subsidiaria supone que será la Administración la encargada de llevar a cabo las actuaciones que no han realizado los titulares de los locales, repercutiendo posteriormente los gastos a las empresas.
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Ecologistas en Acción critica que, pese a estas resoluciones, no se exigiera su cumplimiento durante años. La asociación trasladó estos hechos, junto a otras circunstancias, a la Fiscalía, que ha promovido actuaciones penales en los juzgados de El Puerto. La entidad participa en esta causa como acusación particular.
La organización considera que la permanencia de los establecimientos ha afectado durante años a la seguridad, la tranquilidad y el descanso de numerosos residentes, además de plantear problemas medioambientales y de legalidad.
En su valoración de los nuevos decretos municipales, Ecologistas en Acción sostiene que con esta decisión "se va poniendo algo de orden en lo que ha sido una lamentable y caótica gestión municipal".
Aunque el Ayuntamiento ya ha dictado las resoluciones para actuar de manera subsidiaria, el derribo no será inmediato. Los decretos abren ahora un plazo para la presentación de recursos antes de que continúe la tramitación del expediente. Una vez superada esta fase, y conforme al procedimiento administrativo correspondiente, el Consistorio podrá avanzar en la ejecución de los trabajos previstos.
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