La Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico han mantenido una primera reunión para estudiar las posibilidades de que el chiringuito Galápagos, situado en la playa de La Costilla, en Rota, pueda permanecer durante todo el año cumpliendo la normativa.

El expediente sigue en estudio. El encuentro se ha celebrado este jueves dentro del periodo de consultas sobre la modificación de la concesión, abierto después de que una sentencia del TSJA acordara retrotraer el procedimiento para realizar ese trámite.

Según el delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtido, las administraciones han contrastado sus posiciones: "hemos expuesto nuestros respectivos criterios técnicos y jurídicos, identificando cuestiones sobre las que existe margen de subsanación".

Distancias y aguas residuales, entre los asuntos pendientes

Las conversaciones han abordado las distancias, la gestión de las aguas residuales y otros elementos técnicos. Curtido sostiene que existen posibilidades de entendimiento: "hay aspectos relacionados con las distancias, la gestión de las aguas residuales y otros elementos técnicos sobre los que existe una clara disposición para el acuerdo".

Quedan cuestiones por analizar. Según la Junta, Costas ha expresado su disposición a estudiar los asuntos pendientes desde el punto de vista técnico y jurídico para determinar si la permanencia del establecimiento resulta viable.

El delegado ha reiterado la voluntad del Gobierno andaluz de buscar una solución, "siempre dentro del respeto a la normativa aplicable y garantizando la adecuada protección y el uso público del dominio público marítimo-terrestre".

Otra reunión para avanzar en el expediente

Ambas partes han acordado celebrar una nueva reunión en las próximas semanas, después de analizar las cuestiones pendientes y estudiar las posibles soluciones técnicas y jurídicas.

También han hablado de futuros expedientes. Curtido ha defendido avanzar hacia criterios comunes de interpretación y tramitación administrativa que aporten seguridad jurídica y permitan evitar discrepancias entre administraciones.

El delegado vincula esta coordinación con la voluntad de compatibilizar la protección ambiental y el uso público del litoral con las actividades económicas de los establecimientos de playa.

Sobre esta primera toma de contacto, Curtido ha señalado que "se trata de un paso adelante en el diálogo institucional y en la búsqueda de soluciones compatibles con una gestión sostenible del litoral".