Comisiones Obreras (CCOO) ha desmentido cualquier implicación en el procedimiento judicial iniciado por la empresa Acerinox contra el sindicato ATA y varios de sus miembros, a quienes acusa de promover una huelga ilegal en la planta de Palmones. La organización sindical ha aclarado que no forma parte del proceso, ni como demandante, ni como demandada, ni en calidad de parte interesada.
Según CCOO, el malentendido se debe a un error en el encabezamiento de uno de los documentos judiciales, lo que habría dado pie a la difusión de "un bulo" que, en pleno periodo electoral sindical, podría generar confusión entre los trabajadores y la opinión pública. “Desde CCOO siempre hemos defendido que ejercer el derecho a la huelga no es un delito”, ha recalcado el sindicato en un comunicado.
José Hurtado Quirós, secretario general de CCOO Industria Andalucía, ha querido dejar claro que la única demanda existente entre sindicatos es la que algunos miembros de ATA han presentado contra los representantes sindicales que firmaron el convenio colectivo con Acerinox. "Un acuerdo respaldado mayoritariamente por la plantilla en asamblea", según ha recordado.
La demanda interpuesta por estos seis afiliados de ATA reclama una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los demandantes. El escrito va dirigido tanto contra la empresa como contra diez integrantes de otras secciones sindicales, incluidos representantes de CCOO. La organización considera esta acción judicial como un intento de presión y un uso instrumental del sistema legal con fines económicos.
“Nos parece inadmisible que, tras aprobarse un convenio con respaldo mayoritario, algunos compañeros se enfrenten ahora a demandas por parte de otro sindicato”, ha declarado Hurtado. Para CCOO, el proceso refleja un intento de desgaste y deslegitimación del sindicalismo mayoritario por parte de ATA, que no respaldó los acuerdos alcanzados con la empresa.
Uh juicio aplazado
Paralelamente, el juicio previsto para este lunes contra siete trabajadores de Acerinox, entre ellos un delegado sindical de CGT, fue aplazado. En este caso, la empresa reclama más de 30 millones de euros por los presuntos daños ocasionados durante la huelga de 2024, una de las más prolongadas y tensas en la historia reciente del Campo de Gibraltar.
Acerinox sostiene que la huelga fue ilegal y responsabiliza a los trabajadores de importantes pérdidas económicas. Por su parte, las organizaciones sindicales implicadas consideran la demanda una medida desproporcionada y orientada a intimidar a quienes se opusieron al convenio. El conflicto ha dividido profundamente al comité de empresa y ha agitado el debate sobre la libertad sindical.