El juicio previsto para este lunes contra siete trabajadores de Acerinox, entre ellos un representante sindical de CGT, ha sido finalmente aplazado. La vista judicial debía abordar la demanda interpuesta por la empresa tras la histórica huelga desarrollada en la planta de Palmones durante 2024, un conflicto que marcó un antes y un después en el panorama laboral del Campo de Gibraltar.
La compañía reclama más de 30 millones de euros a los encausados por los supuestos daños ocasionados durante el paro, al considerar que la huelga fue convocada de forma ilegal. Una cifra que las organizaciones sindicales califican de “desproporcionada” y destinada a “amedrentar” a quienes se opusieron a los acuerdos alcanzados entre la dirección y parte de la representación sindical.
Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es la inclusión, como parte demandante, de varias organizaciones sindicales históricas: CCOO, UGT, USO y CTACX. Está aún por determinar si figuran en calidad de demandantes o testigos, pero su aparición en esta causa ha generado un notable revuelo dentro del movimiento sindical.
La huelga de Acerinox en 2024 fue impulsada por los denominados “no firmantes”, un grupo de trabajadores que rechazó el convenio colectivo aprobado en julio tras semanas de negociaciones. Esta división interna provocó una ruptura entre sindicatos y trabajadores, dando lugar a un clima de tensión que se prolongó durante meses.
Unas elecciones muy cercanas
El juicio ha despertado especial atención por su cercanía con las elecciones sindicales previstas en la planta para el próximo 17 de junio. Organizaciones como CGT consideran que este procedimiento judicial busca sentar un precedente y castigar de forma ejemplar el ejercicio del derecho a huelga. “Nos quieren silenciar por luchar”, han denunciado desde el sindicato, que tenía previsto concentrarse este lunes ante los juzgados de Algeciras, donde debía celebrarse la vista.
El conflicto laboral alcanzó uno de sus puntos más tensos en octubre, cuando Acerinox despidió a un operario implicado en la huelga. Aunque la empresa lo justificó por acumulación de sanciones, desde los sindicatos se interpretó como una represalia directa por su participación activa en el paro. El trabajador fue escoltado fuera de la planta por personal de seguridad, en un gesto que muchos calificaron de humillante.
El caso ha tenido un fuerte impacto en el movimiento sindical andaluz, que ve en él una posible estrategia para frenar futuras movilizaciones. “Quieren hacernos pagar por ejercer un derecho constitucional. Defender los derechos laborales no es un delito, es una obligación”, sostienen desde CGT.
