El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha presentado una querella criminal contra la portavoz municipal del PSOE y diputada autonómica, Rocío Arrabal, a la que acusa de haber difundido de forma reiterada informaciones falsas que, a su juicio, dañan gravemente su honor, su integridad moral y su trayectoria pública.
La acción judicial ha sido registrada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, competente por la condición de aforada de Arrabal. En el escrito, Landaluce sostiene que la dirigente socialista realizó diversas declaraciones públicas, tanto en comparecencias ante los medios como en ruedas de prensa, en las que le atribuyó conductas de extrema gravedad, incluidas supuestas actuaciones relacionadas con delitos contra la libertad sexual.
Según el comunicado difundido por el Ayuntamiento de Algeciras, esas afirmaciones se habrían apoyado únicamente en anónimos y en contenidos que, según el gobierno local, habían sido previamente desmentidos de manera expresa por las personas a las que se intentó presentar como víctimas. El Consistorio asegura que dichas personas negaron los hechos y reclamaron respeto ante el uso político de su identidad y de su vida privada.
La querella del regidor llega después de que Arrabal y la también socialista Isabel Beneroso presentaran, a finales de 2025, una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que señalaban a Landaluce por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Meses antes, ambas habían ofrecido una comparecencia pública en la que aludieron a comportamientos inapropiados del alcalde con varias concejalas del Partido Popular, mostrando para ello capturas de conversaciones de mensajería instantánea.
En el escrito judicial, Landaluce considera que los hechos podrían encajar en delitos de injurias y calumnias con publicidad, además de un delito contra la integridad moral. A su entender, la actuación de la dirigente socialista habría superado los límites del debate político legítimo para convertirse en una campaña de descrédito personal con consecuencias en el ámbito familiar, institucional y público.
Antes de formalizar la querella, Landaluce promovió un acto de conciliación en el que exigía a Arrabal que se retractara de sus manifestaciones, una cita a la que la dirigente socialista no acudió. En el caso de Isabel Beneroso, fuentes municipales indican que se le enviaron burofaxes solicitando una rectificación pública, petición que fue rechazada, sin que por el momento conste la presentación de acciones judiciales en su contra.
La respuesta del PSOE
El PSOE ha expresado su respaldo a Rocío Arrabal, secretaria general del partido en Algeciras, tras el anuncio de una querella por injurias presentada por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce. Desde la formación socialista aseguran que no darán "un paso atrás" en la labor de fiscalización del Ayuntamiento, a pesar de lo que consideran un intento de amedrentamiento.
Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE de Cádiz, ha defendido públicamente la actuación de Arrabal, subrayando que la portavoz ha cumplido con su obligación ética y legal al poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que podrían constituir un delito, una vez tuvo conocimiento de ellos.
Cornejo considera que la querella anunciada por el regidor algecireño responde a un intento de silenciar a quien ejerce con rigor su labor de oposición. "Los socialistas no se detendrán por muchas amenazas judiciales que se interpongan en la labor de control que nos corresponde", señaló.
Desde la dirección provincial del partido, sostienen que Landaluce busca generar una "cortina de humo" para desviar la atención sobre su situación política, que describen como cada vez más debilitada, incluso dentro de su propio partido, que le estaría retirando progresivamente su confianza.
El responsable de Organización del PSOE de Cádiz ha añadido que, en caso de que la querella prospere, Rocío Arrabal aportará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía toda la información y documentación que ya fue remitida previamente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, con total transparencia.
