Un fallo ha obligado a la Audiencia Nacional a ordenar la puesta en libertad de Firass Taghi, supuesto narcotraficante vinculado con la Mocro Maffia y detenido este verano en Tarifa por una orden internacional de arresto. La excarcelación se produce porque los tribunales españoles han excedido los plazos máximos para ejecutar su entrega a Países Bajos.
La decisión de enviar a Taghi a Holanda se había declarado firme el pasado 7 de agosto. A partir de esa fecha, la ley establece un límite de diez días para que la entrega se materialice. Sin embargo, ese plazo no se cumplió. Pese a ello, el juez Santiago Pedraz, titular del Central de Instrucción número 5, decidió mantenerle en prisión para garantizar la entrega.
La defensa del acusado recurrió esa medida, alegando que la resolución de Pedraz no se ajustaba a la forma procesal adecuada —fue dictada como providencia y no como auto— y que, además, cuando se impuso la prisión ya se había superado el plazo legal.
Finalmente, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha reconocido que, aunque el defecto de forma podía subsanarse, el exceso en los plazos es irreparable. En su auto, fechado el 12 de septiembre, los magistrados recuerdan que la ley exige que la entrega se realice en un máximo de diez días. Si no puede efectuarse, debe fijarse de inmediato una nueva fecha dentro de otro plazo de diez días. En este caso, subraya la Sala, ese tiempo pasó “sin que conste motivo alguno que impida dicha materialización”, lo que obliga a dejar sin efecto la prisión y decretar su libertad.
Otro episodio similar
Este episodio supone un nuevo golpe a la cooperación judicial contra la Mocro Maffia, considerada una de las redes criminales más violentas de Europa. Se trata, además, del segundo miembro de la organización liberado en España por un error judicial. El primero fue Karim Bouyakhrichan, excarcelado en 2024 por la Audiencia de Málaga bajo fianza de 50.000 euros, lo que le permitió fugarse pese a las advertencias de la Fiscalía sobre su “alta capacidad económica” y el riesgo evidente de huida.
En esta ocasión, el propio presidente del Tribunal Superior de Andalucía ha admitido que desde la Audiencia Nacional quizá no se activaron “los resortes necesarios” para garantizar que la entrega a Países Bajos se ejecutara dentro del plazo legal.