La Diócesis de Málaga ha anunciado que indemnizará a las cuatro mujeres que fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote malagueño para reparar el daño y el sufrimiento ocasionados, aunque estudiará la posibilidad de recurrir el pronunciamiento judicial que la considera responsable civil subsidiaria. La decisión llega tras la sentencia que condena al religioso a 52 años de prisión y al pago de 403.129 euros en concepto de indemnizaciones por las secuelas psíquicas y los daños morales causados a las víctimas, cantidad de la que deberá responder el Obispado en calidad de responsable civil subsidiario.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comparecido este miércoles ante los medios para exponer la posición de la Iglesia tras conocerse el fallo judicial. Durante su intervención, ha pedido perdón en nombre de la institución y ha reconocido la gravedad de lo sucedido. "Los hechos nos avergüenzan profundamente", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que la Diócesis abonará las indemnizaciones a las cuatro víctimas sin esperar a que la sentencia adquiera firmeza.

Satué ha señalado que la decisión pretende contribuir a reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias sufridas por las mujeres. "Somos conscientes de que ninguna reparación puede sanar el daño", ha subrayado el obispo, quien ha añadido que la Iglesia confía en que este gesto permita a las víctimas sentir "el reconocimiento y la cercanía de la Iglesia". No obstante, la Diócesis mantiene abierta la posibilidad de impugnar el aspecto de la resolución que la declara responsable civil subsidiaria.

Cuatro delitos de agresión sexual

La sentencia considera al sacerdote responsable de cuatro delitos de agresión sexual, tres de ellos con penetración, así como de otros cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, todos ellos cometidos con carácter continuado. Además de la pena de prisión, el fallo establece el pago de las indemnizaciones fijadas para compensar las secuelas psicológicas y los daños morales ocasionados a las cuatro mujeres.

Los hechos fueron descubiertos después de que la pareja sentimental del acusado encontrara en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla las grabaciones realizadas por el sacerdote. Ese material permitió conocer las agresiones y dio origen al procedimiento judicial que ha concluido con la condena y con la obligación del Obispado de responder económicamente como responsable civil subsidiario, una decisión que la Diócesis cumplirá respecto a las indemnizaciones mientras estudia la posibilidad de presentar un recurso sobre ese extremo de la sentencia.