La alcaldesa reitera que un informe interno del Ayuntamiento desaconseja la readmisión y que cuando prometieron reincorporarlos dijeron que harían "todo lo posible dentro de lo que permita la legalidad”.
“Lo único que estamos pidiendo es garantía”, dice la alcaldesa Mamen Sánchez preguntada por los últimos informes realizados sobre la posible reincorporación de los afectados por el ERE. Uno interno, elaborado por un miembro del gabinete jurídico municipal, desaconseja efectuar la readmisión de los 116 trabajadores que pretenden volver por la posibilidad de incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal” por no salvaguardar el interés público.
Los afectados están en pie de guerra tras el anuncio, este domingo, de la existencia de un nuevo informe externo, realizado por el bufete Manuel Hortas Abogados, que tampoco recomienda reincorporar a los trabajadores, ya que se ampara en el realizado por la directora de Turismo, que habla de los posibles delitos que pueden cometer los que firmen el expediente. La alcaldesa señala que, el último informe interno —con fecha de 23 de septiembre—, dio pie a la petición de otro externo, al citado bufete jerezano, porque “el resto dejan a la libre interpretación muchas cosas que no estaban completas”, señala la regidora en declaraciones recogidas por La FM, quien anuncia que el Ayuntamiento desclasificará la documentación para que todos los ciudadanos puedan acceder a ella.
“Nadie concluye, por eso el interventor tuvo que buscar ese amparo fuera, que tampoco acaba concluyendo del todo. Sin esa protección garantista que tenemos que tener los miembros de un pleno el riesgo es muchísimo”, insiste la alcaldesa. El Ayuntamiento sigue sin secretario, por eso Sánchez asegura que citará a todos los funcionarios municipales para que alguno ejerza como tal. “Este gobierno nunca ha obligado a nadie a hacer algo, pero voy a invitarles a hacerlo”, señala.
“Llevamos 15 meses trabajando para que alguien de manera concluyente nos dijese si podíamos seguir y por desgracia hemos andado muchísimos kilómetros, nos hemos vaciado para intentar conseguir lo que entendemos que es un acto de justicia social, pero siempre hemos dicho que lo haríamos acorde a la norma vigente”, apunta Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de Recursos, quien informa que ahora tendrán que enviar al gabinete jurídico sevillano —Martínez Escribano—, al que encargaron un informe, el nuevo documento realizado por el Ayuntamiento. “Vamos a trasladarlo a Sevilla para que a la vista de ello concluyan”, apunta Álvarez, que insiste en que “el informe dice que no hay salvaguarda del interés público”.
“Dijimos que íbamos a hacer todo lo posible dentro de lo que permita la legalidad”, apunta Mamen Sánchez, que añade: “Prometimos dos cosas cuando fuimos concejales: cumplir la ley y salvaguardar el interés general, y eso es lo que estamos haciendo, por mucho que nos duela”. La alcaldesa censura que, cuando los partidos prometieron en campaña la readmisión de los afectados, le dieron “la pista al PP” para que luego, en sede judicial, cerrara la opción del Ayuntamiento para reincorporarlos. “Si no lo hubieran hecho posiblemente esto hubiera sido más fácil, eso es de tener muy mala idea”, señala.
Los afectados, tras conocer las últimas declaraciones del gobierno local, aseguran que “se confirman los peores augurios”. “Seguimos estando vivos con respiración asistida pero el tubo que contiene el aire se está acabando y no paramos de recibir sorpresas”, apunta Antonio Junquera, uno de los portavoces del colectivo. Los trabajadores se quejan de no conocer con anterioridad la existencia del informe interno realizado por una técnico municipal. “A nosotros nadie nos ha dicho nada, parece que los afectados no existimos”, dice Junquera, que cree que éste “no es un problema solo jurídico, sino de falta de corazón, de sensibilidad, de empatía, porque muchísimos de nuestros compañeros fueron recibidos en Recursos Humanos para anunciarles que había un informe favorable, que iban a entrar 91, les dan esperanzas, y ahora vienen a decir que no”.
El portavoz de los afectados añade: “Siempre hemos dicho que estaba buscando informe tras informe hasta conseguir el que le dijera que no, es la sensación que tenemos”. Una vez más, como apuntan también grupos como Ganemos e IU, señalan que la alcaldesa “se tiene que ir por el bien de la ciudad”. Junquera insiste en que la regidora “es una incompetente absoluta que debería dejar el puesto si tuviera algún tipo de dignidad política” y critica que no hable con los afectados desde hace doce días: “No debe esconderse”.
La alcaldesa, tras las voces que piden su renuncia al cargo, responde: “No creo que a nadie se le tenga que pedir la dimisión por hacer velar y cumplir la ley”, para añadir: “Desde luego no se pidió la dimisión al anterior gobierno por hacer un ERE que ha costado mucho dinero a este Ayuntamiento, porque fueron despidos mal hechos”. Al caso que ponen de ejemplo los afectados, el de un empleado del Ayuntamiento de Sanlúcar que fue despedido de forma improcedente y luego readmitido, no le da mucha importancia la alcaldesa: “Lo compararía con otros ayuntamientos de Málaga y Extremadura que no han podido hacerlo, no me gustaría hablar de Sanlúcar porque no quiero hablar públicamente de algo que no han hecho bien”.
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