Las decisiones contradictorias que se han dictado después ya harían por sí mismas indefendibles las tesis de ahorro económico, pero que lo diga una institución que funciona como órgano de control externo bien podría valer para revisar el fallo judicial del Supremo a una de las decisiones más controvertidas de la historia democrática municipal: los despidos masivos que llevó a cabo el PP de María José García-Pelayo en el Ayuntamiento. El informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre Las cuentas de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes del ejercicio 2011 deja claro que el Ayuntamiento de Jerez cerró el ejercicio 2011 con un resultado presupuestario de superávit de 3.609.140 euros, en contra de lo que siempre ha mantenido el gobierno municipal del PP que decía se había cerrado con un déficit de 22 millones. De este modo el informe de la Cámara, tal y como ha hecho público hoy la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ), evidencia que sólo los ayuntamientos de San Fernando y Jaén cerraron con déficit presupuestario en 2011 (página 29 del informe, punto 98; y página 46, punto 142, respectivamente).
Además, sintetizan desde la organización sindical, el informe cuantifica en 17,2 euros el superávit por habitante que existió en Jerez en dicho ejercicio. El informe explica que “el resultado presupuestario refleja en qué medida los derechos presupuestarios liquidados del ejercicio han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza, poniendo de manifiesto la situación de equilibrio, déficit o superávit presupuestario de la entidad (pág.26, punto 89)". Es decir, "queda claro que en 2011 los ingresos fueros suficientes en Jerez para financiar los servicios públicos y, además, sobró 3.609.140 euros. Y todo ello sin necesidad de despidos, ni de vender el agua", han apostillado.
Como se puede comprobar, en ningún apartado del informe hecho público por la Cámara de Cuentas incluye el importe deficitario que el actual gobierno municipal exponía como resultado de 2011 (cuadro 13.18 del informe), por lo que se demuestra que "el gobierno de Pelayo intencionadamente manipuló la información sobre el resultado del ejercicio 2011, con la intención de justificar el ERE de 260 empleados". Un ERE sobre el que recientemente se pronunció el Tribunal Supremo avalando en principio la justificación económica que esgrimió el PP y sin entrar en otras cuestiones como la arbitrariedad en la selección de afectados, algo probado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en primera instancia.
La ATMJ, como el conjunto de los grupos políticos de la oposición, siempre mantuvo que 2011 se había cerrado con superávit y que, por tanto, "no se daba la causa económica para justificar un ERE, ya que el Estatuto de los Trabajadores define la causa económica que justifica un expediente de despidos masivos en una administración pública del siguiente modo: “Se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.”
"Debemos destacar que tanto en la memoria del ERE, como en el acuerdo de junta de gobierno local de 30 de agosto de 2012 y en la contestación que hizo el Ayuntamiento a la demanda de los sindicatos contra el ERE, el actual gobierno municipal mantuvo que “en el ejercicio 2011, existió un déficit presupuestario de -22.117.997,06 € ” (segundo párrafo de la segunda página del acuerdo de Junta de Gobierno Local), restando valor al resultado presupuestario ajustado, que realmente es el que cuenta, tal como mantenía la ATMJ y ahora la Cámara de Cuentas de Andalucía", han abundado en un comunicado remitido a los medios y a toda la plantilla municipal. Además, han expuesto, "el actual gobierno municipal viene repitiendo una y otra vez que el primer año que se ha cerrado con superávit es 2013, cuando con el informe de la Cámara se comprueba que en 2011 hubo superávit".
Desde la organización sindical aclaran que "nunca mantuvimos que la situación económica del Ayuntamiento fuese buena, pero siempre afirmamos que la definición legal de causa económica no se daba, por cuanto el Estatuto de los Trabajadores no se refiere a que existe causa económica cuando hay gran deuda, ni cuando hay endeudamiento, ni cuando existe déficit acumulado (que son los problemas del Ayuntamiento), lo que el Estatuto define como causa económica es que en los tres trimestres anteriores al ERE se acredite que existió insuficiencia presupuestaria para la financiación de los servicios públicos correspondientes, circunstancia que ahora comprobamos no se daba, tal como insistió la ATMJ".
Hilando con lo anterior, la agrupación aportó al procedimiento judicial del ERE dos informes periciales que acreditaban que en 2011 no se había dado insuficiencia presupuestaria, sino un superávit que reflejaba que los ingresos eran suficientes para la financiación de los servicios públicos, conclusión que ahora es revalidada con el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Finalmente, han asegurado, "es importante destacar que el Presupuesto de 2011, y su ejecución, demuestra una gestión económica acertada, ya que el Ayuntamiento podía financiar los servicios que prestaba con los ingresos municipales, sin necesidad de despedir a 260 empleados, ni de obtener ingresos mediante la venta del agua, sobrándole incluso 3.609.140 euros". No lo ha entendido así el gobierno de Pelayo, que ha vendido el agua de todos los jerezanos al grupo FCC (con el consiguiente encarecimiento del recibo para los usuarios) y ha puesto en la calle a 260 padres y madres de familia con una selección puesta en tela de juicio por el TSJA por "absolutamente arbitraria". Ante el demoledor informe de la Cámara de Cuentas, la ATMJ ha informado hoy a la opinión pública y a los propios trabajadores municipales que ha puesto en manos de sus abogados el referido informe al objeto de que "se proceda a las actuaciones que se consideren procedentes".
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