La Guardia Civil ha desarticulado una extensa organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, asentada en Sevilla y relacionada con otros grupos delictivos que operaban en distintas provincias españolas. La investigación, denominada operación Bonifaz, se ha saldado con 19 personas detenidas y 22 mujeres identificadas en diferentes inmuebles vinculados a la trama. Dos de ellas fueron acogidas en recursos de protección especializados tras solicitar ayuda.

La operación se enmarca en el Plan de Actuación contra la Trata de Seres Humanos de la Dirección General de la Guardia Civil. Las pesquisas comenzaron a finales de 2025, cuando agentes del Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla tuvieron conocimiento del caso de una mujer que había conseguido escapar del control de los responsables de la organización. La víctima se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y su testimonio permitió iniciar las actuaciones para reconstruir el funcionamiento de la red.

Falsas ofertas de trabajo para captar a las víctimas

Según la investigación, la organización captaba a mujeres en distintos países de Latinoamérica mediante falsas promesas de empleo en España. Las ofertas estaban relacionadas con el cuidado de personas mayores, una actividad que supuestamente les permitiría viajar al país y comenzar una nueva vida laboral.

La propia organización se hacía cargo inicialmente de los gastos de desplazamiento desde el país de origen, así como de los trámites necesarios para la documentación. Sin embargo, la situación cambiaba una vez que las mujeres llegaban a España. Los integrantes de la trama les retiraban los pasaportes y les comunicaban que habían contraído una deuda de aproximadamente 10.000 euros, correspondiente a los costes del viaje y el alojamiento.

Los investigadores sostienen que esa deuda se utilizaba como mecanismo de coacción para obligar a las mujeres a ejercer la prostitución en viviendas gestionadas por la propia organización. Las víctimas eran sometidas presuntamente a intimidaciones y amenazas para impedir que se negaran a cumplir las exigencias de sus explotadores.

Entre las amenazas detectadas durante la investigación figuraba la posibilidad de acabar con la vida de sus familiares en sus países de origen. De acuerdo con la información recopilada por la Guardia Civil, la organización recurría a estas intimidaciones para mantener el control sobre las mujeres y forzarlas a continuar ejerciendo la prostitución.

Una red con conexiones en varias provincias españolas

La investigación permitió a los agentes identificar vínculos entre los responsables asentados en Sevilla y otros grupos criminales que operaban en diferentes puntos de España. Esta relación facilitaba el traslado periódico de las mujeres entre distintos inmuebles vinculados a las organizaciones, una práctica que, según los investigadores, dificultaba las labores de seguimiento y la actuación de las fuerzas policiales.

La deuda contraída por las víctimas tampoco desaparecía cuando eran trasladadas a otra vivienda. Según las pesquisas, los responsables de los distintos grupos asumían las cantidades pendientes, que continuaban aumentando. De esta manera, las mujeres debían responder ante los nuevos explotadores y seguir ejerciendo la prostitución para intentar saldar una deuda que, presuntamente, se incrementaba de forma constante.

La complejidad de la trama obligó a desarrollar una investigación prolongada durante más de nueve meses. A medida que los agentes obtenían nuevos datos, se llevó a cabo un análisis detallado de la información y se constituyó un equipo conjunto de trabajo entre el Área de Personas y el Equipo de la Mujer y el Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla.

Primera fase: registros en Sevilla, Gelves y Jerez

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil puso en marcha la operación Bonfiaz en dos fases. La primera se desarrolló a finales de septiembre e incluyó seis entradas y registros en inmuebles utilizados presuntamente para la explotación sexual en Sevilla capital, Gelves y Jerez. En estas actuaciones, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Sevilla.

El operativo se saldó con 11 personas detenidas. Durante los registros, los investigadores identificaron a 15 mujeres que presuntamente ejercían la prostitución para la organización. Dos de ellas solicitaron protección y fueron acogidas en recursos especializados, gracias a las gestiones realizadas por los agentes encargados del caso.

En los inmuebles registrados se intervinieron dos vehículos de alta gama, diversos dispositivos de videovigilancia que presuntamente se utilizaban para controlar a las mujeres, teléfonos móviles y terminales de pago electrónico, conocidos como TPV. También se incautó documentación contable, contratos presuntamente fraudulentos relacionados con las víctimas y 20.000 euros en efectivo.

Segunda fase: actuaciones en cuatro localidades

La segunda fase de la operación tuvo lugar el 2 de octubre, con seis registros en inmuebles situados en Vigo, Mijas, Peñíscola y Alzira. Durante estas actuaciones, la Guardia Civil detuvo a otras ocho personas e identificó a siete mujeres más que presuntamente eran utilizadas por la organización para el ejercicio de la prostitución.

Los agentes intervinieron en esta segunda fase 7.780 euros en efectivo, además de numerosos dispositivos electrónicos y documentación que podría aportar nuevas pruebas sobre el funcionamiento de la red y sus conexiones con otros grupos criminales.

En total, las dos fases de la operación han permitido identificar a 22 mujeres y detener a 19 personas. La actuación ha afectado a inmuebles situados en siete localidades españolas: Sevilla, Gelves, Jerez, Vigo, Mijas, Peñíscola y Alzira.

19 detenidos y una investigación que continúa abierta

La investigación, dirigida por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, ha concluido con la puesta a disposición de la autoridad judicial de los 19 detenidos, como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dos delitos de explotación sexual, un delito de agresión sexual y otro de pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil continúa analizando la abundante documentación intervenida durante los registros, así como el material electrónico incautado en los inmuebles. Los investigadores no descartan nuevas actuaciones policiales a medida que avance el estudio de las pruebas recopiladas.

La operación Bonifaz ha permitido desarticular una presunta estructura criminal que, según las pesquisas, combinaba falsas ofertas laborales, deudas impuestas, amenazas contra familiares y traslados entre provincias para mantener a las víctimas bajo control y prolongar su explotación sexual.