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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha emitido este pasado viernes una providencia en la que obliga a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a que antes del próximo 31 de diciembre emita el informe y valoración que le requirió en marzo pasado en relación con las contrataciones efectuadas entre empresas de la trama Gürtel y el Ayuntamiento de Jerez con motivo de la celebración de Fitur 2004. Tras recibir el informe de la UDEF en febrero pasado, que implica directamente a la entonces alcaldesa María José García-Pelayo, como presunta participante en los hechos, el magistrado ordenó la reapertura de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' como una de las cuatro separatas en las que ha troceado la instrucción al objeto de aligerarla para entrar en la fase de juicio oral. En esa reapertura del caso, una de las primeras decisiones fue solicitar "informe y valoración" a la IGAE para, más allá del prolijo informe de la Policía Judicial, abordar también el resto de documentación que se envió en su momento al TSJM por parte de la exalcaldesa Pilar Sánchez y que el juez Pedreira sobreseyó por, según adujo, desarrollarse los hechos “fundamentalmente en Andalucía”. Si ya en julio pasado dio un 'primer aviso' para recibir dicho informe y valoración, Ruz ahora da directamente un ultimátum para conocer un "contenido indispensable" para pisar a fondo el acelerador de la investigación. 

En la nueva providencia emitida por Ruz, a la que ha accedido La Voz del Sur gracias a losgenoveses.net, el juez instructor manda y firma: "Respecto de los informes pendientes de emisión por parte de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE, requiérase a la misma para que proceda del modo siguiente: deberán ser presentados con antelación al próximo 31.12.14 los siguientes informes: Informe sobre la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)". En el encabezamiento de la providencia, el magistrado deja claro la necesidad de estos informes "al objeto de agilizar la instrucción en curso" y pone plazos muy concretos porque se trata de un "contenido indispensable para el avance de las actuaciones". De las cinco peticiones de informes que hace en la providencia, señala dos (entre ellas Jerez) con mayor premura. Y advierte finalmente: "Hágase mención en la totalidad de oficios y requerimientos a la necesidad de que los plazos previamente indicados sean atendidos por las diversas Unidades destinatarias de aquéllos, y sólo para el caso de concurrir causa justificada que motivara un retraso o demora en cuanto a la presentación de los informes interesados, deberá ser puesta en conocimiento del Juzgado con la suficiente antelación, a fin de que pueda ser valorada por este instructor". A la espera, pues, de lo que diga la valoración e informe de la IGAE, lo que sí es evidente es el interés del magistrado por cerrar la instrucción en Jerez, que además encerraría la complejidad añadida de tener que acordarse, en última instancia, la inhibición del tribunal competente” por la condición de aforada de la también senadora popular, a la que solo podría calificar como imputada el Tribunal Supremo. 

Recientemente se han conocido nuevos datos de la 'pieza jerezana' de la Gürtel. A raíz de la emisión en el programa El intermedio, este medio digital publicó hace escasas fechas la huella digital de once documentos informáticos elaborados desde el Ayuntamiento y que evidencian que tanto las empresas de la red de Francisco Correa como el Consistorio, en aquel momento con la actual alcaldesa y senadora del PP al frente, presuntamente ‘montaron’ y ‘falsearon’ el expediente de contratación de Fitur 2004 “casi un mes” después de finalizada la feria en Madrid, tal y como sostiene la UDEF en el informe que remitió al juez Ruz en febrero pasado. Como resume el informe de la Policía Judicial, Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 (valorado en 162.806 euros), de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre (por 39.366 euros) y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros. El Ayuntamiento, a la vista de los metadatos de los documentos informáticos que se crearon ex profeso, también colaboró e intervino para presuntamente dar apariencia de legalidad a un procedimiento que se justificó como extraordinario (lo que agiliza y facilita a la administración solo en casos excepcionales la adjudicación de contratos). Eso, pese a que Fitur es un evento que se celebra cada año y en el que tradicionalmente Jerez venía participando, como ya alerta la UDEF en su informe.

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