La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha llevado a cabo una intervención de especial relevancia en el control del dominio público hidráulico tras inutilizar tres captaciones ilegales de aguas subterráneas en el paraje de El Pantanar, en Rociana del Condado (Huelva). La actuación se ha completado con el vaciado controlado de una balsa de almacenamiento utilizada para el riego de una explotación de frutos rojos sin autorización hídrica.
"Los propietarios fingieron haber sellado los pozos tras una resolución sancionadora, pero en realidad ocultaron las captaciones bajo una tapa hueca de hormigón", han señalado desde la CHG. La operación, ejecutada de forma subsidiaria por el organismo de cuenca, se ha desarrollado tras la obtención de una autorización judicial que ha permitido el acceso a la finca. El objetivo era garantizar el cumplimiento de una resolución sancionadora dictada en noviembre de 2020, en un expediente relacionado con el uso irregular de recursos hídricos en la zona.
Según la información recabada en la inspección, el titular de la explotación no solo no había procedido al sellado de los pozos, sino que estos habrían sido ocultados bajo estructuras de hormigón con el fin de mantener su funcionamiento. Esta circunstancia ha sido clave en la investigación, al evidenciar que las captaciones seguían activas pese a las declaraciones previas del propietario.
Una investigación sostenida en el tiempo
El caso se remonta a febrero de 2025, en el marco del Plan de Inspección de la Corona Norte de Doñana, conocido como Plan de la Fresa. Durante aquella fase, agentes de Medio Ambiente y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inspeccionaron la finca y detectaron que tres pozos habían sido aparentemente sellados sin supervisión técnica adecuada.
Sin embargo, nuevas prospecciones revelaron una situación distinta. A un metro de profundidad se localizaron tapas de hormigón huecas, incompatibles con un sellado real, lo que despertó las sospechas de una posible ocultación deliberada de las captaciones de agua subterránea.
La investigación avanzó hasta que, el 15 de abril de 2026, un auto judicial permitió el acceso definitivo a la propiedad. En esa intervención, personal técnico de la CHG y agentes de la Guardia Civil confirmaron que los tres pozos seguían operativos y estaban cubiertos por losas de hormigón, lo que habría permitido mantener el riego de forma irregular.
El organismo ha subrayado que la superficie afectada, de 7,25 hectáreas de frutos rojos, no contaba con derechos de uso de agua ni se encontraba dentro del Suelo Agrícola Regable del Plan de la Fresa. La intervención ha incluido además el vaciado controlado de una balsa conectada a un cauce cercano, cerrando así una actuación que refuerza el control sobre el uso del agua en una de las zonas más sensibles desde el punto de vista medioambiental.
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