La Guardia Civil investiga a tres personas como presuntas responsables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el fuego declarado el pasado 21 de julio en una finca privada del municipio onubense de El Cerro del Andévalo. El incendio afectó a unas 1.800 hectáreas de masa forestal y obligó a evacuar de forma preventiva a 380 vecinos, en un operativo que se prolongó durante varios días hasta lograr la completa extinción de las llamas.

Las pesquisas desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) apuntan a que el origen del incendio estuvo en las chispas generadas durante el uso de una radial empleada en los trabajos de demolición parcial de una nave agrícola. Según la investigación, la herramienta se utilizaba a escasos 15 metros de una zona con abundante vegetación seca, una circunstancia que habría favorecido el inicio del fuego en un contexto de elevado riesgo.

La Guardia Civil sostiene que los operarios de la empresa encargada de ejecutar esas labores no contaban con las medidas preventivas de seguridad necesarias para desarrollar los trabajos en esas condiciones. Aunque los trabajadores intentaron apagar las primeras llamas por sus propios medios, las elevadas temperaturas, el viento y la sequedad del pasto facilitaron una rápida propagación del incendio, lo que hizo imposible contenerlo en sus primeros momentos.

La rápida actuación de varios ciudadanos resultó determinante para activar cuanto antes el dispositivo de emergencias. Tras detectar una columna de humo, los testigos alertaron inmediatamente a la central operativa de la Guardia Civil a través del teléfono 062, lo que permitió movilizar con rapidez a efectivos del Instituto Armado y de los servicios de Bomberos para intervenir en la zona afectada.

Un incendio con desalojos

Como medida de prevención, las autoridades ordenaron la evacuación de 380 vecinos de Villanueva de las Cruces. Los desalojados fueron trasladados temporalmente a centros deportivos habilitados por los ayuntamientos de Calañas y El Cerro del Andévalo, donde permanecieron hasta que la situación permitió su regreso. Durante todo el operativo no se registraron personas heridas.

El incendio quedó completamente extinguido a las 22.00 horas del 25 de julio, cerca de 96 horas después de su declaración, tras calcinar aproximadamente 1.800 hectáreas de superficie forestal. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial. La Guardia Civil recuerda que los incendios forestales provocados por imprudencia grave pueden acarrear penas de prisión de entre seis meses y un año, además de sanciones económicas, e insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante los trabajos agrícolas, forestales o de construcción, evitando el uso de herramientas que generen chispas cerca de vegetación seca y disponiendo siempre de medios de extinción inmediata.