El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Granada contra el alcalde de Trevélez, Adrián Gallegos, del PP, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y otras posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación de una de las viviendas adquiridas por el Ayuntamiento para destinarlas al alquiler con opción a compra para jóvenes del municipio. El escrito, al que ha tenido acceso EFE, también dirige la denuncia contra la primera teniente de alcalde, Ana Rosa Herrera, así como contra cualquier otro concejal que pudiera haber intervenido en los hechos.

El origen del caso se sitúa en la compra, el pasado año, de un edificio de tres plantas situado en la calle Cárcel de Trevélez. El Ayuntamiento adquirió el inmueble con el objetivo de rehabilitar dos viviendas y ofrecerlas en régimen de alquiler con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven. La futura adquisición de los inmuebles quedó fijada en 38.000 euros para el apartamento de mayor tamaño y en 35.000 euros para el segundo, mientras que las rentas mensuales se establecieron en 260 y 240 euros, respectivamente. Entre los requisitos para acceder al proceso figuraban tener entre 25 y 35 años, llevar al menos cinco años empadronado en el municipio, estar dado de alta en la Seguridad Social y no disponer de otra vivienda en la provincia.

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, además de difundirse a través del tablón de anuncios municipal y de las redes sociales del Ayuntamiento. Según recoge la denuncia, únicamente presentaron solicitud el propio alcalde y otra vecina de esta localidad alpujarreña de menos de 800 habitantes. Al obtener una mayor puntuación conforme a los criterios establecidos, Gallegos resultó adjudicatario de la vivienda de mayor tamaño y formalizó el correspondiente contrato de alquiler con opción a compra.

El alcalde defiende la transparencia

El PSOE sostiene que la adjudicación se produjo sin las debidas garantías de transparencia y control, y subraya que, antes de la resolución del procedimiento, el alcalde había delegado las competencias sobre la gestión de inmuebles públicos en la primera teniente de alcalde, también incluida en la denuncia. A juicio de los socialistas, estos hechos podrían constituir un delito de negociaciones y actividades prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, además de un presunto delito de prevaricación administrativa y, de forma subsidiaria o acumulada, otros de tráfico de influencias, malversación y fraude contra la Administración.

Por su parte, el alcalde ha defendido que todo el procedimiento se desarrolló con plena transparencia y dentro de la legalidad. En declaraciones a EFE, ha señalado que tanto el importe de los alquileres como el precio de la futura venta fueron tasados tomando como referencia los 75.000 euros abonados por el Ayuntamiento por el edificio completo en 2025. También ha afirmado que la adquisición del inmueble forma parte de las políticas municipales para combatir la despoblación y facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, ha insistido en que cumplía todos los requisitos exigidos para participar en la convocatoria y ha asegurado que el proceso recibió una amplia difusión, incluso mediante un grupo de WhatsApp de vecinos. Asimismo, ha avanzado que el Ayuntamiento tramitará con el mismo procedimiento el alquiler de otras cuatro viviendas destinadas a jóvenes.