La Policía Nacional ha detenido a 18 personas en el marco de la operación Arco, una investigación que ha permitido desarticular una red dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos a inmigrantes de distintas nacionalidades en Granada. Los arrestados están acusados de aprovechar la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras para ofrecerles falsos contratos de alquiler de habitaciones a cambio de cantidades de hasta 500 euros. La trama operaba en cuatro viviendas situadas en el centro de la ciudad.

La investigación, dirigida por la Brigada de Extranjería y Fronteras, comenzó después de que los agentes detectaran un empadronamiento masivo de ciudadanos extranjeros en esos cuatro domicilios. En ellos figuraban registradas más de medio centenar de personas, en su mayoría de origen magrebí. Las primeras comprobaciones permitieron constatar que el número de personas empadronadas no se correspondía con la capacidad de las viviendas, por lo que resultaba imposible que todas ellas residieran realmente en esos inmuebles.

Las pesquisas permitieron además comprobar que en las cuatro viviendas residían otras personas, tanto españolas como extranjeras, que ni siquiera estaban empadronadas en ellas. Los investigadores determinaron también que los cuatro inmuebles habían sido alquilados a través de una inmobiliaria del centro de Granada por una misma persona. Esta figura aparecía en unas ocasiones como arrendataria y, en otras, como avalista de otros supuestos arrendatarios, dentro del mecanismo utilizado para mantener la actividad.

La red completaba su funcionamiento mediante el subarriendo de habitaciones a terceras personas y la elaboración de contratos falsos de alquiler. Paralelamente, la pareja del principal arrendador se hacía pasar por voluntaria de una conocida fundación dedicada a la acogida y apoyo de personas en situación de vulnerabilidad. Desde esa posición, captaba a inmigrantes a los que ofrecía esta fórmula como una vía para facilitar su regularización, aprovechando las circunstancias personales de quienes recurrían a la organización.

Trámites fraudulentos

Los investigadores establecieron que los implicados cobraban a cada extranjero entre 350 y 500 euros por los trámites fraudulentos relacionados con el empadronamiento. En este caso, además, se daba la circunstancia de que la modalidad de regularización extraordinaria para la que se utilizaban estos procedimientos no requería estar empadronado. La actuación policial ha permitido identificar a los integrantes de la red y poner fin a una actividad basada en la utilización de documentación y contratos falsos.

Los 18 detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Algunos de ellos cuentan con antecedentes previos. Del total de arrestados, tres son españoles y el resto extranjeros. Todos fueron detenidos en Granada, salvo dos personas que fueron localizadas en Córdoba, ciudad a la que se habían trasladado con la intención de evitar ser localizadas por los investigadores.