El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha expresado su decepción tras reunirse con la nueva delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, María Jesús Herencia Montaño. Según la corporación, el encuentro concluyó sin medidas concretas ni compromisos para afrontar el deterioro de los juzgados.

Su presidente, José Blas Fernández Sánchez, sostiene que las carencias ya son estructurales. A la reunión también acudieron representantes de los colegios de la Abogacía y Procuradores.

Plantillas insuficientes, suspensiones y fallos tecnológicos

La falta de cobertura ágil de bajas y vacantes, pese a existir bolsas de trabajo, aumenta la sobrecarga de las plantillas, según denuncia el Colegio. También señala dificultades de contacto telefónico, escasez de medios materiales, cambios de señalamientos y suspensiones de vistas.

Los retrasos afectan especialmente a la jurisdicción social, donde se resuelven despidos, reclamaciones salariales, prestaciones e incapacidades. Fernández advierte: "La Justicia tardía tiene consecuencias personales, sociales y económicas que no podemos normalizar".

La tecnología tampoco está ayudando, según los profesionales. Los fallos de las nuevas herramientas de gestión procesal, las dificultades de adaptación y la falta de coordinación añaden incidencias a los problemas existentes.

El Colegio cuestiona además que la reorganización exigida por las reformas de eficiencia judicial cuente con recursos suficientes. Describe un escenario de agotamiento y tensión laboral, con consecuencias para el bienestar y la salud emocional de los profesionales.

Incertidumbre sobre la Ciudad de la Justicia

La reunión tampoco despejó, según la corporación, las dudas sobre la Ciudad de la Justicia de Cádiz, tras los problemas de licitación y las dificultades de financiación comunicadas a los asistentes.

Los graduados sociales reclaman coordinación entre la Junta y el Ministerio de Justicia, con participación judicial y profesional. También defienden la mediación intrajudicial y otros mecanismos de resolución de conflictos, siempre que dispongan de recursos.

Fernández exige respuestas: "Valoramos la disposición al diálogo, pero la gravedad de la situación exige mucho más que buenas palabras".