El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha vivido este jueves una de las sesiones más tensas y delicadas de los últimos años con la aprobación, mediante una moción por urgencia, de la retirada de los honores concedidos al autor carnavalesco Juan Carlos Aragón después de que trascendiera públicamente la existencia de una sentencia firme por violencia machista dictada en 2010.

La medida incluye la revocación de la estrella dedicada al comparsista y la petición al consejo escolar para que el centro educativo que lleva su nombre pase a denominarse CEIP Adela del Moral, en homenaje a la histórica maestra y directora del colegio, que además también fue un referente en el Carnaval de Cádiz. La sesión estuvo marcada por el cruce de acusaciones entre el actual equipo de gobierno y la oposición sobre quién conocía los hechos y cómo se actuó en los años anteriores.

La controversia se arrastraba desde el pasado fin de semana, cuando el Ayuntamiento decidió cancelar el homenaje previsto a Juan Carlos Aragón tras tener conocimiento de la condena impuesta por un juzgado de Cádiz por delitos de lesiones en el ámbito familiar, amenazas leves y vejaciones injustas contra su exmujer. La decisión abrió una fuerte crisis política y social en la ciudad, especialmente después de que varias voces vinculadas al anterior gobierno municipal aseguraran que parte de la corporación conocía desde hacía años la existencia de aquella sentencia. El debate llegó este jueves al pleno convertido en un enfrentamiento abierto entre PP y Adelante Izquierda Gaditana sobre la gestión política y moral del caso.

El punto más controvertido de la moción fue el que reclamaba "rechazar el silencio e indiferencia" del anterior equipo de gobierno ante unas denuncias que, según defendió el actual ejecutivo local, habían sido trasladadas durante el mandato de José María González, Kichi. Ese apartado recibió los votos favorables del PP y del PSOE, mientras Adelante Izquierda Gaditana optó por la abstención. El resto de medidas salió adelante con un amplio consenso político. 

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La expareja de Juan Carlos Aragón relata más episodios no denunciados: "una paliza de un montón de horas" o maltrato psicológico "que duele más" Pablo Fdez. Quintanilla

La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, protagonizó una de las intervenciones más contundentes de la sesión. "Quizá sea la moción más dura que ha traído este equipo de gobierno a este pleno en todo este tiempo", aseguró antes de reconstruir cronológicamente cómo el Ayuntamiento tuvo acceso a la documentación judicial. "Ese mismo viernes por la tarde-noche tuvimos conocimiento de una sentencia, una condena firme contra la violencia machista que estaba a nombre de Juan Carlos Aragón", afirmó.

Gandullo relató que, tras conocer la existencia de la sentencia, el Ayuntamiento convocó reuniones con la Fundación Juan Carlos Aragón y con personas vinculadas al entorno del autor antes de decidir paralizar el homenaje previsto. "Cuando se tuvo conocimiento decidimos parar ese homenaje", insistió. La edil cargó además contra la oposición y acusó al anterior ejecutivo de haber intentado minimizar o silenciar el asunto durante años. "Ustedes están mintiendo a la ciudad, a las mujeres y a todo Cádiz", afirmó dirigiéndose a la bancada de Adelante Izquierda Gaditana. 

Un elemento inesperado fue la aparición pública de un mensaje de la exconcejala Laura Jiménez, integrante del gobierno anterior entre 2015 y 2019 en la concejalía de Turismo y Fomento. El texto, difundido en redes sociales en pleno desarrollo de la sesión, fue utilizado por el actual equipo de gobierno como un nuevo elemento para sostener que el anterior ejecutivo municipal conocía los antecedentes de violencia machista del autor carnavalesco.

En el mensaje, Laura Jiménez aseguraba que tanto ella como otra compañera trasladaron la situación durante una reunión en Alcaldía y que, pese a ello, recibieron instrucciones para no oponerse públicamente al nombramiento del centro educativo. "Todos y todas lo sabíais, alcalde, concejales, asesores y partido", señalaba el texto, en el que además afirmaba que "se nos dijo que ni se nos ocurriera decir algo y mucho menos votar en contra en el consejo porque se nos echaría to Cadi y lo que no es Cádiz encima". La exconcejal explicaba igualmente que varias representantes votaron en contra del cambio de rótulo del colegio en mayo de 2019 al considerar que "un colegio no debe llevar el nombre de un maltratador", y denunciaba que aquellas mujeres recibieron "un trato vejatorio" durante el consejo escolar. En el mismo mensaje, Jiménez criticaba los mecanismos de silencio y aislamiento hacia las víctimas en espacios políticos y sociales y reclamaba "construir mecanismos que sirvan para la reparación real" de las mujeres que sufren violencia machista.

El portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, respaldó la retirada de honores y defendió la necesidad de adoptar una postura inequívoca frente a la violencia de género. "Aquí no valen ambigüedades, ni equidistancias, ni dobles discursos", sostuvo durante su intervención. Torres reconoció que su grupo tuvo conocimiento de la sentencia el sábado 23, aunque subrayó que lo importante era la reacción institucional una vez que existía una prueba documental. "Rumores había muchos, pero una prueba fehaciente es una sentencia", señaló. El dirigente socialista defendió además que el Ayuntamiento debía actuar unido frente a situaciones de este tipo. "Lo primero y por encima de todo es mostrar un posicionamiento radical contra la violencia machista", añadió.

Entrar o no en el "fango político"

Desde AIG, Lorena Garrón intentó rebajar el tono del enfrentamiento político y pidió que el debate no terminara convirtiéndose en una batalla partidista. "No podemos convertir situaciones tan delicadas en objeto de confrontación política ni utilizarlas con fines partidistas", afirmó. Garrón insistió en que las instituciones deben centrarse en la protección y reparación de las víctimas y lamentó que el foco se estuviera desviando hacia el choque político entre grupos municipales. "Las fuerzas estarían mejor empleadas en enfrentar a quienes están vertiendo mensajes de odio hacia Paqui (la víctima del maltrato) y hacia las mujeres víctimas de violencia de género", señaló antes de rechazar entrar en lo que definió como "fango político".

También intervino David de la Cruz, de Adelante Izquierda Gaditana, quien negó haber tenido conocimiento previo de la sentencia y aseguró que la primera vez que accedió a la documentación fue el pasado sábado. "Seguramente fallé, pero la primera vez que tuve acceso a esta denuncia fue este sábado. Nunca antes", afirmó. De la Cruz explicó además que había mantenido recientemente una reunión con la víctima y trasladó algunas de las reflexiones que, según dijo, ella les había compartido. "Nos contaba que no quería más veces que se le pidiera perdón y que tampoco entendía buscar responsables más allá del propio agresor", explicó. El dirigente de Adelante insistió en que su grupo apoyaría cualquier medida orientada a la reparación de las víctimas, aunque rechazó "buscar rédito político" de la situación.

El cierre del debate correspondió al alcalde de Cádiz, Bruno García, que endureció todavía más el tono político del pleno. El regidor defendió la actuación del actual equipo de gobierno desde el momento en que tuvo conocimiento de la sentencia y acusó directamente al anterior ejecutivo municipal de no haber actuado cuando conoció los hechos. "Si lo que nos están pidiendo es que nosotros formemos parte de tapar eso, la respuesta ya la dimos el sábado", afirmó. García sostuvo que el Ayuntamiento había reaccionado "de la manera correcta" y apeló a la "dignidad y la justicia de las víctimas. Solo hay dos opciones: estar al lado de la víctima o tapar lo que uno sabía. Este Ayuntamiento ha reaccionado de la manera que te permite dormir tranquilo cuando uno va a casa", aseguró en uno de los momentos de mayor tensión de la sesión plenaria.