Rafael Ricardi estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Vivía en la calle, era drogodependiente y tenía unas características físicas que terminaron convirtiéndolo en el principal sospechoso de una agresión sexual cometida en El Puerto de Santa María en agosto de 1995. Una identificación policial y unas pruebas de ADN que todavía estaban en una fase muy incipiente bastaron para que fuera condenado en 1996. Lo que vino después fue una sucesión de errores que le costó 13 años de libertad. Y quizá lo más difícil de explicar es que, cuando en el año 2000 nuevas pruebas genéticas empezaron a cuestionar seriamente su culpabilidad, Ricardi siguió entre rejas durante otros ocho años.

Su caso se traslada ahora a la pantalla gracias a Ricardi, el culpable perfecto, una serie documental de tres capítulos, producido por la sevillana Mangétika Films en asociación con RTVE Play y que se prevé que se estrene en esta plataforma en 2027. "El culpable perfecto no es porque alguien decidiera que lo fuera. No hay una conspiración del sistema contra Rafael Ricardi. Lo que hay es una concatenación de pequeños hechos, de pequeños errores, que llevan a que una persona inocente esté 13 años en la cárcel", declara a lavozdelsur.es Nacho Goldaracena (Santa Cruz de Tenerife, 1968), director del documental presentado en el marco del South International Series Festival, de Cádiz.

El proyecto parte de una propuesta del periodista portuense Jorge de Carlini, que conocía la historia de primera mano y llevaba tiempo trabajando en su documentación. Goldaracena, realizador y director de televisión, recibió el encargo de dirigir una producción que conocía de forma superficial, pero cuyo alcance fue descubriendo durante el proceso. "Es una historia tan fuerte, tan potente, que a quién no le va a gustar hacer un documental sobre algo así", reconoce.

La reconstrucción ha exigido recuperar documentación judicial y escuchar a quienes tuvieron algún papel en el caso. El equipo ha hablado con familiares de Ricardi —su hija, su hijastra y su hermana—, con los abogados que lo defendieron, policías que participaron en la investigación y el juez que reabrió el procedimiento. También han incorporado las voces de especialistas como el jurista Carlos Castresana y Antonio Alonso, antiguo director del Instituto Nacional de Toxicología.

"Hemos contactado con todas las personas que tuvieron algún protagonismo en aquel momento y hemos contado con muchos legajos de actuaciones, sentencias e informes del juzgado. Ha sido una labor de documentación para entender la historia en su conjunto y qué había pasado realmente", señala el director, que añade que "si olvidas una historia como esta, estás condenado a repetirla".

Unas pruebas de ADN que llegaron demasiado tarde

Uno de los aspectos centrales del documental son los que narran el momento en que las pruebas científicas comenzaron a desmontar la condena. Goldaracena distingue dos etapas. En 1996, cuando Ricardi fue juzgado, las técnicas de análisis de ADN estaban todavía en una fase inicial. Las muestras recogidas a la víctima se estudiaron en el Instituto Nacional de Toxicología, pero el informe no podía descartar que las células analizadas pertenecieran al acusado. Aquella circunstancia, unida a la identificación realizada por la víctima, sustentó la condena.

La situación cambió con la llegada del nuevo Siglo. Un nuevo análisis genético abrió una discrepancia que, a juicio de los expertos consultados para el documental, debería haber provocado una reacción judicial. "A partir del año 2000 se podía haber hecho algo más por sacar de la cárcel a Ricardi. Con los datos que se tenían ya y con el nuevo informe de ADN, no se tomaron medidas y no se reabrió el caso", destaca el realizador.

La investigación policial, sin embargo, continuó. Mientras Ricardi permanecía en prisión, otras agresiones sexuales seguían produciéndose en la zona. El documental recupera el trabajo de la inspectora Raquel Díaz, que siguió la pista de los responsables y llegó incluso a utilizarse como cebo para intentar detenerlos. La recopilación de nuevas muestras genéticas y la evolución de las técnicas de identificación terminaron siendo decisivas.

En 2008, las pruebas de ADN relacionaron a dos hombres con varias de aquellas agresiones, incluida la que había llevado a Ricardi a prisión. "Ya no había ninguna duda. Había dos tipos que estaban detenidos y cuyas muestras de ADN los situaban en el lugar de los hechos de la violación por la que estaba preso Rafael Ricardi. Ya no había más remedio que decir que este hombre era inocente", relata el director.

Más de una víctima

La serie aborda también una cuestión delicada: cómo contar una historia que incluye agresiones sexuales sin convertir el sufrimiento de las víctimas en un espectáculo. Goldaracena asegura que ha sido una de las principales preocupaciones del equipo. "Hemos tenido muchísimo cuidado. Era fácil caer en recrear las violaciones de una forma más morbosa, pero hemos tenido mucho tacto. No hemos dado ningún dato morboso ni hemos incluido detalles que fueran innecesarios".

El director recuerda que, aunque Ricardi fue víctima de un error judicial, las mujeres agredidas también merecen ocupar un lugar en el relato. "No podemos olvidar que hay otras diez víctimas, como mínimo, que son las mujeres violadas por esta pareja de delincuentes". Por eso, las recreaciones se han planteado desde la contención. "El silencio dice más que muchas cosas", apunta.

El daño, además, no terminó en Rafael. Su familia arrastró durante años las consecuencias de aquella condena. Su hija Macarena tenía apenas ocho años cuando su padre ingresó en prisión y creció sin él, soportando también las miradas y los prejuicios del entorno. "Para las familias ha sido bastante duro. La hija ha crecido sin padre y con la mirada inquisidora de mucha gente alrededor", explica Goldaracena.

La narración se distribuye en tres capítulos. El primero reconstruye el camino que llevó a Ricardi a prisión; el segundo sigue su sufrimiento entre rejas y las investigaciones que continuaron mientras él cumplía condena; y el tercero aborda su salida, la revisión de las pruebas y las consecuencias de lo ocurrido. También se detiene en los mecanismos de identificación y en los errores que puede cometer la memoria de los testigos, con la participación de una especialista en psicología del testimonio.

La reflexión final, señala Nacho Goldaracena, es que "tenemos que entender que condenar a alguien inocente y tenerlo en prisión, aunque solo ocurriera un día, ya sería motivo suficiente para revisarlo", sostiene. Y plantea una pregunta que atraviesa toda la producción: "¿Qué cuesta un día en prisión de una persona inocente? El Estado lo barema en un precio, que son 120 euros al día, pero ¿realmente eso es suficiente?".

Ricardi recibió una indemnización de un millón de euros, después de que inicialmente solo se le reconocieran 500.000 euros. Goldaracena considera que aquella resolución abrió un camino para otros afectados por errores judiciales. "Ricardi ha sido un mascarón de proa. Era muy difícil que el Estado te indemnizara y con él se abrió una vía. Nadie te va a devolver los 13 años que has pasado en la cárcel, pero al menos algo ayuda".

Rafael Ricardi murió pocos años después de recuperar la libertad. No pudo recuperar el tiempo perdido, pero su caso dejó una huella en la discusión sobre la responsabilidad que tuvo la Administración de Justicia. Goldaracena espera que la serie sirva para que su historia no se olvide y, sobre todo, para que no vuelva a repetirse. "El sistema también siguió trabajando para subsanar el error. Hay mecanismos del Estado que funcionan, pero tenemos que poner el cien por cien de nuestras capacidades para que estas equivocaciones sean las menos posibles".