La Fiscalía de Almería solicita penas de prisión para 30 personas acusadas de participar en una trama que, según sostiene el Ministerio Público, organizaba falsas agresiones machistas con el objetivo de que mujeres en situación irregular pudieran obtener permisos de residencia en España y acceder posteriormente a determinadas prestaciones sociales.

La acusación se dirige contra el considerado principal responsable e ideólogo de la red, identificado como A.F., además de 13 hombres que supuestamente actuaban como falsos agresores y 16 mujeres que aparecían como víctimas. Para otras cuatro personas, la Fiscalía interesa el sobreseimiento provisional al considerar que no está suficientemente acreditada su participación.

Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2017 y 2019. Según la calificación fiscal, A.F., de nacionalidad marroquí, habría diseñado el sistema junto a otra persona que ha sido identificada pero no localizada.

Agresiones reales para simular relaciones sentimentales

El mecanismo descrito por la Fiscalía pasaba por concertar encuentros en lugares públicos de municipios como Roquetas de Mar, Almería, El Ejido o Vícar.

Las mujeres se encontraban allí con los hombres reclutados y, siempre según la acusación, estos llegaban a agredirlas físicamente provocándoles lesiones reales.

Después, ellas denunciaban los hechos ante la Guardia Civil o ante juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer, asegurando falsamente que los agresores eran sus parejas sentimentales.

Los hombres reconocían inmediatamente los hechos, lo que daba lugar a sentencias condenatorias de conformidad por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Con esas resoluciones judiciales, las mujeres solicitaban posteriormente ante la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, que les permitía regularizar su situación durante periodos de cinco años. La Fiscalía sostiene que las mujeres pagaban a la organización cantidades de hasta 4.500 euros a cambio de participar en el procedimiento.

Más de 46.000 euros en prestaciones, según la acusación

Nueve de las 16 mujeres acusadas habrían utilizado también las resoluciones judiciales para incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) a través del SEPE. Las cantidades supuestamente percibidas oscilan entre 2.000 y 6.000 euros por persona.

El mayor perjuicio económico atribuido a una de las acusadas asciende a 7.501,79 euros en prestaciones por incapacidad temporal y otros 4.637,92 euros por nacimiento y cuidado de un menor, después de que hubiera conseguido empleo una vez obtenida la residencia.

Para A.F., la Fiscalía solicita ocho años y seis meses de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y como cooperador necesario en delitos continuados de falso testimonio y contra la Seguridad Social.

Para cada uno de los 13 hombres que habrían ejercido como agresores solicita nueve meses de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las 16 mujeres afrontan peticiones de tres años y nueve meses de prisión por falso testimonio. En el caso de las nueve que, según la Fiscalía, recibieron prestaciones públicas de manera ilícita, se añade otra petición de un año y seis meses de cárcel y la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante cinco años. En concepto de responsabilidad civil, A.F. debería responder solidariamente junto a las nueve mujeres por la devolución de más de 46.000 euros a la Seguridad Social.