529 agresiones a funcionarios y 119 casos de violencia sexual de internos a funcionarias contabilizados en 2025 en España, salvo Cataluña y País Vasco. "Son muy muy frecuentes", dice Ernesto Güelfo, delegado de Acaip en el centro penitenciario de Puerto II, en El Puerto, en declaraciones a lavozdelsur.es.

Este funcionario de prisiones, que ejerce desde 2017, asegura que ha tenido "la suerte" de que los conflictos vividos dentro de prisión no hayan terminado en agresiones contra él. Pero recuerda episodios mucho más graves sufridos por otros profesionales.

Uno de ellos ocurrió el pasado verano en Sevilla II, donde un interno intentó agredir sexualmente a una psicóloga durante una entrevista. Según relata Güelfo, se dio la voz de alarma y la trabajadora consiguió zafarse a tiempo. "Hay fotos de la psicóloga con moratones en el cuello. Fue muy grave, la verdad", recuerda. Después hubo una concentración ante la Delegación del Gobierno en Sevilla. "Nos agreden, a una psicóloga la intentan estrangular, en Cataluña han matado a una cocinera, diariamente hay incidentes", dice.

Las agresiones forman parte de la rutina de los funcionarios de prisiones. Una realidad denunciada hasta la saciedad que ha derivado en una ansiada modificación de la legislación penitenciaria. Ahora, después de más de una década de reivindicaciones, los profesionales ven la luz. Han sido reconocidos como agentes de autoridad.

Una reivindicación sindical que llevaba años sobre la mesa

El pleno del Senado ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, que reconoce oficialmente a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad cuando estén ejerciendo sus funciones. La modificación afecta al artículo 80 y está pendiente de su publicación en el BOE para que sea efectiva. Una vez ocurra, repercutirá en todos los funcionarios penitenciarios.

Carlos Valdenegro, delegado sindical de CSIF en el centro penitenciario de Puerto III, considera que el cambio supone mejoras legales y de protección para el colectivo. Hasta ahora, explica, existía cierto reconocimiento, pero sin un marco legal concreto.

La lucha viene de lejos. El funcionario de prisiones sitúa uno de los momentos de mayor presión hace unos ocho años. Y no llegaba sola. Junto al reconocimiento como agentes de la autoridad, los trabajadores reclamaban mejoras salariales, medidas frente a las agresiones y aumento de plantilla.

"Este punto de agente de la autoridad lo hemos llevado como bandera en todas las negociaciones y en todas las reivindicaciones que hemos hecho con la Administración", afirma. Para Valdenegro, resultaba incongruente que quienes velan por la seguridad y custodia de los internos no dispusieran de esa consideración legal.

En el sindicato Acaip, la petición aparecía ya en su programa electoral de 2015. Güelfo recuerda que aquel año hubo una reforma del Código Penal que sí incluía como agentes de la autoridad a otros colectivos, entre ellos profesores y sanitarios, mientras dejaba fuera a los funcionarios penitenciarios.

"Nosotros decimos siempre que no cuesta dinero. Es una reforma legislativa que el político lleva a cabo sin ningún coste económico. Simplemente protege más ante las agresiones a los funcionarios de prisiones", sostiene el delegado de Acaip, que considera que el asesinato de una cocinera en Cataluña aceleró los movimientos políticos para modificar la legislación.

Una pena mayor como posible efecto disuasorio

Uno de los principales cambios afecta a las consecuencias de una agresión. Al reconocerse al funcionario penitenciario como agente de la autoridad, una agresión puede encajar en el delito de atentado a la autoridad, con una pena superior. "Es una medida disuasoria", explica Güelfo.

En CSIF manejan el mismo argumento. Hablan de una tasa de agresiones "tremendamente alta" y asegura que, hasta ahora, existía entre los funcionarios la sensación de que determinadas conductas salían prácticamente gratis al interno.

"Nosotros no pretendemos que el interno, el que nos agrede, tenga más castigo. Lo que pretendemos es que el interno, conociendo que ya somos agentes de la autoridad, no nos agreda", dice el sindicalista.

La reforma también tendrá consecuencias en la identificación profesional de los trabajadores cuando tengan que acudir a los juzgados. Valdenegro explica que hasta ahora algunos órganos judiciales ya empleaban el número profesional, como ocurre con policías o guardias civiles, mientras otros llamaban al funcionario por su nombre y apellidos.

La diferencia, para quienes trabajan en prisión, no es menor. "Imagínate en una sala de espera, que tú estás para dar tu testimonio como testigo, con familiares y demás, y que te nombren con nombre y apellido", plantea. Con este reconocimiento, las declaraciones podrán realizarse utilizando el número profesional.

"Puede haber represalias porque el interno conocía mi nombre y mis apellidos. Hace unos años quemaron coches y ruedas de funcionarios", reflexiona el delegado de Acaip.

Indemnizaciones que hasta ahora podían quedarse sin cobrar

Otro de los ejes destacados por los sindicatos es el principio de indemnidad. Valdenegro explica que ha acudido, como delegado sindical, a juicios de numerosos compañeros agredidos. En muchos casos, pese a existir una condena y una indemnización reconocida, el interno termina declarándose insolvente y el trabajador no cobra.

Con la nueva condición jurídica, señala, la Administración pasa a asumir un papel distinto. 

Güelfo pone un ejemplo cotidiano. "Con el principio de indemnidad, lo que se consigue es que ahora el Estado se hace cargo subsidiariamente de pagar esta indemnización. Ahora mismo, a mí me parten las gafas o el reloj y, aunque el interno sea insolvente, se me hace reposición de ese daño que he sufrido en mi trabajo", resume.

Otra de las entidades que ha estado implicada en la reivindicación es la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), con más de 3.600 integrantes. Su presidente, Gonzalo Arboledas, apunta que "esto será aplicable siempre que no haya concurrido dolo o negligencia grave por parte del funcionario".

Este funcionario de prisiones en Albolote, en el centro penitenciaro de Albolote, en Granada, ha experimentado por él mismo los perjuicios de la ley al fin modificada. En el 2010, sufrió una agresión por parte de un interno del Centro Penitenciario de Morón de la Frontera.

"Me propino varios puñetazos que me hicieron caer al suelo y, posteriormente, varias patadas que me provocaron policontusiones y la fractura de tres costillas", recuerda Gonzalo. El juicio tuvo lugar en 2014, pero el Ministerio Fiscal al entender que no era agente de autoridad, lo pasó a juicio de faltas. La condena fue un mes de prisión y 3.000 euros por las lesiones. Indemnización que no cobró. "El interno se declaró insolvente y, al reclamar al Estado, el abogado del Estado remitió al juez que al no ser agente de la autoridad no me correspondía", expone.

En noviembre de 2017, APFP consiguió la aplicación del principio de indemnidad al caso de un afiliado de Dueñas (Palencia) que había sufrido una lesión y secuelas. "Se le indemnizo con la cantidad de 5.250 euros y el Estado se hizo cargo. Hemos ganado multitud de sentencias con este principio, las dos últimas de 35.000 y 11.800 euros. Pero evidentemente si se reconoce con esta modificación de la LOGP, no cabe lugar a dudas su aplicación y respalda al profesional penitenciario en el desempeño de su puesto de trabajo", sostiene el presidente.

La consideración como agentes de la autoridad incorpora además la presunción de veracidad de los informes que redactan los funcionarios, aunque únicamente en el ámbito administrativo. Los trabajadores elaboran partes disciplinarios cuando se producen agresiones entre internos, se intervienen teléfonos móviles o aparecen sustancias prohibidas, entre otros casos.

Esa condición no se extiende al procedimiento penal, donde debe mantenerse la presunción de inocencia, sino a la tramitación administrativa de las faltas disciplinarias dentro de prisión.

También se introduce una protección específica para el propio funcionario en en los casos en los que tenga que ingresar en prisión. Así, deberá permanecer separado del resto de detenidos e internos, sin mezclarse con la población reclusa.

"No somos ilusos. No se van a eliminar las agresiones"

Los sindicatos celebran el cambio, pero no consideran que sea la solución definitiva. Todavía queda mucho por hacer. "Es una medida súper positiva. Pero no somos ilusos. No se van a eliminar las agresiones. Esto no es la panacea, pero es un paso más en reivindicaciones históricas que llevamos en el colectivo", comenta Valdenegro desde CSIF.

Una vez conseguido este reconocimiento, Acaip ya apunta hacia el siguiente frente. Reclama un cambio del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (Peafa).

Güelfo sostiene que únicamente se registran en los datos aquellas situaciones en las que existen lesiones. "Si a mí me pega un interno un puñetazo, pero no me hace sangre, la Administración no lo considera como una agresión, no lo contabiliza en sus estadísticas", explica. "Que me tienen que hacer sangre para que se active el protocolo". indica.

Por eso, tras la reforma de la ley penitenciaria, la siguiente meta, por la que los sindicatos también llevan años alzando la voz, es un nuevo protocolo de agresiones que amplíe la protección del colectivo.