La madre investigada por la muerte violenta de su hijo Lucas, de cuatro años, en el municipio almeriense de Garrucha ha dado a luz este pasado jueves 14 de mayo a una niña, que ha quedado de forma inmediata bajo la tutela preventiva de los servicios sociales.

El nacimiento se produce mientras Bárbara Ysmar B.O. afronta un grave procedimiento penal por un presunto delito de asesinato y malos tratos habituales, y apenas semanas después de su puesta en libertad provisional.

El abogado José Luis Martínez, que representa procesalmente al abuelo materno de Lucas, ha confirmado a EFE que su cliente tiene la firme intención de iniciar cuanto antes los trámites legales necesarios para intentar obtener la custodia de la recién nacida. La familia paterna del pequeño fallecido no permanece ajena a este nuevo episodio y da un paso adelante para intentar proteger a la bebé del entorno que, según la acusación, resultó fatal para Lucas.

El alumbramiento llega apenas unas semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera acordara la excarcelación provisional de la investigada. La magistrada tomó aquella decisión el pasado 22 de abril, tras recibir un aviso del centro penitenciario que alertaba sobre la inminente situación de parto. Para contener el riesgo de fuga, le fue impuesta la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente y la prohibición de abandonar España.

La sombra del crimen: lo que ocurrió la mañana del 3 de diciembre

El hallazgo en un búnker del cuerpo sin vida del pequeño Lucas se produjo el pasado 3 de diciembre de 2025. En la instrucción del caso que avanza ante el Juzgado de Instrucción de Vera, uno de los testimonios más impactantes ha sido el de una persona vinculada al colegio del menor, quien declaró que Bárbara llamó aquella misma mañana para solicitar el certificado de escolarización de su hijo con el objetivo de trasladarlo a otro país. La tutora del pequeño, por su parte, señaló que nunca observó señales de violencia en su cuerpo, salvo en una ocasión: la mañana del 19 de octubre. También prestó declaración la persona que le cedió su teléfono a la madre para llamar a su pareja sentimental, quien puso en duda el supuesto miedo que Bárbara habría manifestado sentir hacia este hombre.

Sobre la pareja de Bárbara, Juan David R.C., recae la acusación principal. Este hombre, que no es el padre biológico ni de Lucas ni de la recién nacida, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza. Fue trasladado de centro penitenciario tras sufrir un intento de linchamiento en la cárcel de El Acebuche. Bárbara, en cambio, fue puesta en libertad el pasado mes de abril, aunque con medidas cautelares que buscan garantizar que no abandone el país.

"Aquí han fracasado las instituciones"

El abogado del abuelo materno no ha escatimado en dureza al valorar todo lo ocurrido. "Aquí han fracasado las instituciones", denunció el letrado José Luis Martínez, que ejerce la acusación particular en nombre del familiar del niño. Según su relato, el fracaso fue "absoluto" y abarcó a múltiples organismos: desde el colegio donde estudiaba el menor —el CEIP Ex Mari Orta— hasta el Ayuntamiento de Garrucha, pasando por la Junta de Andalucía, la inspección educativa y las fuerzas de seguridad.

Martínez insiste en que existían señales evidentes de maltrato y absentismo que fueron ignoradas por el entorno escolar y social del pequeño. Según su versión, hay testimonios de vecinos que afirman haber visto al niño acudir "solo todas las mañanas" al colegio para evitar ser agredido en casa, y que en varias ocasiones llegó a clase con lesiones visibles en su cuerpo. Unas alertas que, de haberse atendido, podrían haber cambiado el fatal desenlace.