El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha solicitado a la Junta de Andalucía la retirada inmediata de su publicidad institucional en un portal digital sin ningún valor informativo —que a última hora de la tarde confirma que se ha hecho efectiva—, solicitud que hace extensiva al resto de administraciones. Al mismo tiempo, pide que se establezcan medidas para garantizar que el dinero público no financia mediante publicidad portales contrarios a los valores periodísticos y, por ende, democráticos.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) considera que las leyes que regulan la publicidad institucional y que promueven actuaciones de acuerdo al “buen uso de los fondos públicos” sirven de respaldo a esta petición. En opinión del CPPA, invertir desde lo público en portales digitales que atentan contra los principios recogidos en las mencionadas leyes —dignidad de la persona, su desarrollo cultural y social, la protección de la infancia y de la juventud, a la imagen de la mujer y de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión— resulta contradictorio.
Al igual, organismos internacionales como la UE y la ONU vienen demandando que se establezcan medidas contra la desinformación, los bulos, las noticias falsas, y la propaganda que campa a sus anchas por internet, poniendo en peligro, no solo el ejercicio del periodismo, sino el derecho de toda la ciudadanía a recibir información veraz, plural y a formarse su propia opinión sobre la realidad que les rodea, recuerda la organización colegial.
“Buena parte de los portales web sin criterios periodísticos lo son porque no cuentan con profesionales del periodismo en la redacción y porque no tienen ninguna vocación pública. Su único objetivo es generar ingresos mediante el clic. Una actividad lícita, por supuesto, amparada en la libertad de expresión y acción de la ciudadanía, libre de hacer clic o no ante un determinado contenido. El problema se produce cuando esos portales adoptan la forma de medios periodísticos, se hacen pasar por medios periodísticos y sus autores se autoproclaman periodistas. Nos encontramos entonces con claros casos de fraude, engaño e intrusismo, potenciados por algoritmos matemáticos que deciden por la ciudadanía lo que debe captar su interés y ante los se ve desamparada”, argumenta el CPPA.
El Colegio de Periodistas reconoce la dificultad que supone para las administraciones públicas realizar esta tarea, aunque pone a su disposición las medidas que ya ha puesto en marcha el colectivo. En primer lugar, recuerda que existe el registro público de periodistas colegiadas. Una medida establecida en la ley de colegios profesionales y que tiene que ver con los derechos de las personas usuarias de los servicios periodísticos, tal y como establece la normativa vigente al respecto.
En segundo lugar, ha puesto en marcha el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (Romda), un registro público en el que pueden inscribirse de forma voluntaria medios periodísticos, avalados por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía tras la demostración de una serie de requisitos, tales como contar con periodistas titulados en plantilla, informar de acuerdo a los criterios periodísticos de objetividad, veracidad y pluralidad, cumplir las leyes de publicidad, sociedad de la información, ética profesional y tener capacidad de realizar contratos. La ciudadanía puede reconocer esos medios porque están identificados con un sello que los avala como tal.
“En el CPPA consideramos que las páginas web que no demuestran el cumplimiento de esos requisitos ante la administración contratante no deberían contar con la financiación de publicidad institucional, puesto que no quedarían demostrados los principios que proponen las leyes”. En este sentido, proponen a las administraciones o bien tener en cuenta las bases del Romda (están publicadas en la web del Colegio de Periodistas y pueden ponerse a disposición de la administración que lo solicite), incorporándolas a los pliegos técnicos y administrativos de los contratos, o bien tener en cuenta a los medios inscritos en el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, puesto que ya han demostrado ante el Colegio cumplir esos requisitos, son monitorizados con frecuencia para comprobar que los siguen cumpliendo y están sujetos a la Comisión de Deontología del CPPA.
Por último, recuerda que ya en la legislatura anterior se solicitó información sobre las inversiones publicitarias de la Junta de Andalucía en medios de comunicación. Solicitud realizada en aras de las leyes de Transparencia y que aún no ha obtenido respuesta. En cuanto a las empresas privadas, el Colegio de Periodistas propone a las empresas evitar relacionarse mediante publicidad con páginas web que difunden contenidos racistas, discriminatorios, bulos y noticias falsas, “a no ser, claro está, que compartan esos contenidos”.
lavozdelsur.es pide amparo al CCPP y al Defensor del Pueblo Andaluz ante la discriminación que sufre por el Gobierno andaluz de PP y Cs
En el caso de lavozdelsur.es, proyecto periodístico digital de Andalucía que edita la empresa Comunicasur Media SL, ha solicitado amparo al Colegio de Periodistas de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz ante la indefensión, discriminación y perjuicio empresarial que sufre por por el veto del Gobierno andaluz de PP y Cs a insertar campañas de publicidad institucional regionales, tal y como hace con otros portales digitales a nivel andaluz y de la provincia de Cádiz.
El medio ha remitido a lo largo del año pasado diferentes burofax a responsables autonómicos, y a la Dirección General de Medios de Comunicación Social, que no atiende las peticiones de reuniones con esta cabecera digital andaluza cuya audiencia creció exponencialmente en 2019. En el escrito a ambas instituciones andaluzas se expone la necesidad de regular estas campañas publicitarias con dinero público para evitar la discrecionalidad, arbitrariedad y opacidad actual que genera una indefensión de los proyectos periodísticos, una competencia desleal, y un trato discriminatorio por línea editorial, situaciones sobre las que los tribunales ya condenaron a otras administraciones públicas españolas en casos similares.
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