El sector de ayuda a domicilio y dependencia ha alzado su voz para decir "basta". El próximo viernes 8 de abril las personas auxiliares de este servicio indispensable no acudirán a sus puestos de trabajo. Paralizarán su actividad en toda Andalucía para reivindicar sus derechos y visibilizar el hartazgo que el colectivo padece debido a las condiciones sociolaborales en las que se encuentran más de 22.000 profesionales -la mayoría mujeres- en la comunidad.
La huelga convocada pone punto y final a la acción reivindicativa que la plataforma de empleadas junto a los sindicatos inició el 8 de enero en Almería. Su grito ya ha resonado en catorce etapas de una marcha que finaliza este viernes de Dolores con una manifestación en Sevilla, frente al Palacio de San Telmo. "Ya es hora de que se tenga en cuenta a este colectivo y se atiendan a sus peticiones", manifiesta Trinidad Domínguez, presidenta de CCOO del comité de la empresa Claros S.L, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de El Puerto.
Las representantes sindicales del comité apoyan esta convocatoria. En El Puerto la plantilla está formada por unas 80 personas que atienden a un total de 250 usuarios en la ciudad. Según explica Trinidad, "el número de trabajadoras fluctúa mucho por sustituciones".
En el municipio portuense son ellas las que se encargan de promover y mantener la autonomía de las personas dependientes, en su mayoría mayores, y facilitar su permanencia en el hogar. "Llevamos mucho tiempo pidiendo al ayuntamiento la municipalicación del servicio, es decir, que se deje de externalizar a una empresa privada", sostiene la representante sindical de CCOO.
La privatización del servicio se repite en distintas ciudades de la provincia de Cádiz y en otros puntos de Andalucía exceptuando San Fernando, donde el servicio está municipalizado, y los municipios de la Sierra menores de 20.000 habitantes, que está al cargo de la Diputación de Cádiz.
"Deberían de hacer un estudio económico que avale esa municipalización y que los políticos se comprometan a poderla realizarla. Es un servicio esencial y consideramos que no debería de estar en manos de empresas privadas porque, la mayoría de las veces, incumplen los derechos de los trabajadores", expone.
Las trabajadoras de El Puerto ya sufrieron la irresponsabilidad de Claros S.L a finales de 2021 cuando se detectaron impagos históricos y retrasos en las nóminas. Una situación que obligó a algunas compañeras a tener que acudir a Cáritas por su sueldo precario. La empresa, que comenzó su actividad hace dos años, cuenta actualmente con un contrato en prórroga hasta junio de 2023.
El colectivo también reivindica la eliminación de listas de espera para dependientes y la evaluación de riesgos en el domicilio. Además reclaman establecer 10 euros por hora, jubilación a los 60 años, jornada semanal de 35 horas para jornadas completas y un mínimo de 25 horas para contratos parciales.