La Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz comunica la prórroga de cuatro meses más a la empresa Mersant Vigilancia S.L., que presta servicios de Vigilancia y Seguridad de los edificios dependientes de la dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz y que lleva ya 4 meses sin abonar los salarios de sus trabajadores.
El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) denuncia públicamente, como hará ante el propio organismo, la “crueldad que supone prorrogar el sufrimiento de estos trabajadores, que después de soportar cuatro meses sin recibir sus salarios se encuentran ya al límite de sus fuerzas y de la pobreza, y ahora se les dice que les van a renovar el contrato desde el próximo 1 de abril y hasta el 31 de julio, lo que ha supuesto un mazazo a la esperanza de ver resuelta su problemática".
El SPV recuerda que otros trabajadores de esta misma compañía han sido subrogados por otras empresas de seguridad y han recibido parte de los salarios adeudados por parte de los organismos para los que trabajan, como son el Ayuntamiento de Chiclana, el Parque de los Toruños y la Algaida, el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía o Transportes Generales Comes".
"Es inadmisible que a esta empresa, que mantiene una fuerte deuda ante la Hacienda pública y ante este mismo organismo, se le dé crédito y confianza cuando no abona salarios desde el mes de noviembre de 2021. Pensamos que la prórroga de este contrato, con los antecedentes expuestos son como mínimo de una temeridad pública y de una falta de sensibilidad que raya el ilícito penal", critican desde el SPV.
El sindicato va a proponer a estos trabajadores que realicen recogida de alimentos y firmas de apoyo a las puertas de este organismo en los distintos centros de la provincia, pues de otra manera muchas de estas familias no podrán soportar el calvario al van a continuar sometiéndoles, y también elevará escrito de queja al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo, para que se abra una investigación.
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