La seguridad vial y la autonomía de las personas mayores han vuelto a cruzarse en Portugal. Una petición dirigida a la Asamblea de la República plantea que los conductores pierdan automáticamente su permiso al cumplir los 75 años, una medida que supondría un importante cambio respecto a la normativa actualmente vigente en el país. La iniciativa ha sido promovida por Nélson Manuel de Oliveira Ferreira y cuenta por ahora con 685 firmas. Su planteamiento parte de los accidentes y episodios protagonizados por conductores de avanzada edad que, según sostiene, evidencian problemas de aptitud para ponerse al volante. “Todo conductor incapacitado supone un riesgo real. Todo error puede costar vidas”, señala Ferreira en la petición. También defiende que “cuando desaparece la capacidad, debe desaparecer el derecho”.

El documento reclama tres medidas concretas: prohibir la conducción de vehículos a motor a partir de los 75 años, retirar automáticamente el permiso al alcanzar esa edad y desarrollar alternativas de movilidad para la población anciana. El impulsor argumenta además que “a partir de los 75 años, el deterioro cognitivo, visual y motor es una realidad inevitable. La reducción del tiempo de reacción, la pérdida de percepción y el deterioro del juicio hacen que la conducción sea peligrosamente impredecible”. También cuestiona que los reconocimientos médicos periódicos sean suficientes, al considerar que una persona puede perder capacidades después de superar una evaluación y seguir conduciendo.

La legislación portuguesa no fija actualmente una edad máxima general para conducir vehículos de categoría B. Los conductores pueden mantener el permiso siempre que cumplan los correspondientes plazos de renovación y conserven la aptitud exigida legalmente. Sí existen límites para otras categorías. Los permisos D1, D1E, D y DE dejan de ser válidos a los 67 años y ya no pueden renovarse. En el caso de la categoría CE, desde esa edad el permiso queda limitado a vehículos de hasta 20 toneladas. La petición necesitaría superar las 1.000 firmas para ser examinada en comisión. Si alcanzase las 7.500, podría ser analizada en pleno, donde se debaten y votan las iniciativas legislativas.