El Fiscal Jurídico Militar ha solicitado penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y de cinco años para el teniente Tato por la muerte del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, ambos pertenecientes a la Brigada Guzmán El Bueno X. Los hechos ocurrieron durante un ejercicio militar realizado el 21 de diciembre de 2023 en la base de Cerro Muriano (Córdoba), un suceso que ha dado lugar a una compleja causa judicial en la jurisdicción castrense.
Según la calificación del Ministerio Público, el capitán Zúñiga figura como responsable en calidad de autor por su “participación material y directa” en los hechos, imputándole dos delitos contra la eficacia en el servicio, tipificados en el artículo 77.1 del Código Penal Militar en relación con el artículo 142.1 del Código Penal. El escrito fiscal también mantiene procesado al teniente Tato, aunque con una petición de pena inferior, mientras que encuadra los hechos dentro de un marco penal equiparable a homicidio imprudente.
La posición de la Fiscalía y las absoluciones solicitadas
En su escrito, la Fiscalía Militar considera que “no se aprecia responsabilidad penal” en la conducta de un teniente coronel y un comandante inicialmente procesados, para quienes entiende que “procede la libre absolución”, con “todos los pronunciamientos a su favor”. Esta valoración marca una diferencia sustancial respecto al resto de implicados y delimita el alcance de las responsabilidades penales que, a juicio del Ministerio Público, deben ser depuradas.
Además, la acusación pública reclama una responsabilidad civil solidaria para los procesados por un total de 422.174,40 euros en favor de las familias de los dos militares fallecidos, precisando que, en este momento procesal y a falta de lo que se determine en el juicio oral, “siendo responsable civil subsidiario el Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal Común”.
El recorrido judicial y la acusación particular
La causa se remonta a julio de 2024, cuando el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid, dictó un auto de procesamiento contra el capitán Zúñiga, el teniente Tato, el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco y el coronel Navarro. Posteriormente, los procesamientos del sargento Castroviejo y del coronel Navarro fueron revocados, acotando el núcleo central de la investigación a los mandos directamente implicados en el ejercicio militar.
El abogado de la familia del soldado Carlos León, el letrado Luis Romero, ha mostrado su conformidad con la petición de la Fiscalía respecto al capitán, aunque discrepa abiertamente de la pena solicitada para el teniente, que considera “muy baja”. El abogado ha anunciado que solicitará la máxima pena posible, nueve años y medio de prisión para cada uno de los cuatro militares implicados, por dos delitos contra la eficacia del servicio militar, equivalentes a dos delitos de homicidio imprudente.
Romero también prevé pedir que el capitán y el teniente sean condenados como autores, y que el comandante y el teniente coronel lo sean como cooperadores necesarios. Asimismo, reclamará la expulsión del Ejército de los cuatro militares y una indemnización de 500.000 euros para la familia de Carlos León, una cuantía superior a la planteada por la Fiscalía, manteniendo en todo caso al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.
