Los trabajadores penitenciarios han conseguido una reivindicación que llevaban dos décadas reclamando. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles 14 de octubre la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Una modificación legal que entrará en vigor este jueves 15 de octubre y que refuerza la protección jurídica del colectivo.

El sindicato Acaip-UGT ha celebrado este avance, que afecta a los profesionales de Puerto I, Puerto II, Puerto III y el Centro de Inserción Social (CIS) Alfredo Jorge Suar Muro de Jerez, y ha aprovechado para reclamar mejoras en las condiciones laborales y más medidas frente a las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios.

La fecha de publicación de la reforma tiene, además, una importante carga simbólica. Coincide con el aniversario del asesinato a manos de ETA del médico penitenciario Alfredo Jorge Suar Muro, cuyo nombre lleva precisamente el CIS de Jerez.

Este mismo miércoles se ha celebrado un homenaje en su memoria frente a las prisiones de Puerto I y Puerto II, organizado con la participación de Acaip-UGT, la Fundación Athena y los centros penitenciarios de El Puerto. Al acto han asistido representantes de Puerto I, II y III, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañeros de profesión y la viuda del médico asesinado, que ha participado en una ofrenda floral.

"Resulta especialmente simbólico que el mismo día en que recordamos a un compañero asesinado por ETA se publique una ley que refuerza la protección jurídica de quienes trabajan en nuestras prisiones", ha destacado el sindicato, que ha reafirmado su compromiso con la memoria de los trabajadores penitenciarios víctimas del terrorismo.

Dos décadas de reivindicaciones para reforzar la protección jurídica

Acaip-UGT recuerda que comenzó a reclamar este reconocimiento en 2006, una reivindicación que ha mantenido durante años mediante iniciativas y reuniones con diferentes formaciones políticas.

La reforma incorpora tres garantías fundamentales que el sindicato llevaba reclamando: autoridad, indemnidad y veracidad. De esta manera, los funcionarios penitenciarios adquieren legalmente la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Entre las novedades también figura la posibilidad de identificarse mediante su número profesional en los procedimientos derivados de su actividad, así como el refuerzo del valor probatorio de los informes que elaboran sobre los hechos presenciados.

A ello se suma el principio de indemnidad, que establece garantías para resarcir los daños sufridos por razón del servicio. El personal laboral también queda amparado por las protecciones contempladas legalmente.

Pese a celebrar este reconocimiento, el sindicato insiste en que la reforma debe ir acompañada de actuaciones concretas. En el caso de los centros penitenciarios de El Puerto y el CIS de Jerez, reclama cubrir las vacantes existentes, reforzar las plantillas, actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo y mejorar los medios materiales.

También considera imprescindible disponer de un protocolo "eficaz" frente a las agresiones. El sindicato ha reconocido la profesionalidad del conjunto de los trabajadores penitenciarios y ha reiterado su apoyo a quienes han sufrido ataques mientras desempeñaban sus funciones.

La violencia en las prisiones de Sevilla: más de 600 incidentes durante el verano

La situación que denuncia también afecta a los centros penitenciarios sevillanos, donde el sindicato advierte de una elevada conflictividad y de agresiones físicas y sexuales contra los trabajadores.

Según el balance de la organización, Sevilla II registró más de 600 incidentes regimentales durante el verano, incluidos algunos ataques a profesionales del centro. En Sevilla I, tres funcionarios han resultado agredidos en apenas dos semanas.

Especialmente complicada ha sido también la situación del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. El sindicato señala que durante el verano se han producido dos presuntos asesinatos de internos, incendios y varias agresiones al personal penitenciario.

Acaip-UGT rechaza que estos episodios puedan asumirse como una circunstancia habitual del trabajo en las prisiones y considera necesarias medidas urgentes para proteger a las plantillas.

En este contexto, la organización destaca la importancia del reconocimiento como agentes de la autoridad, una reivindicación que el sindicato incorporó a su programa electoral de 2015 y para la que ha mantenido contactos con PSOE, PP, VOX y Sumar.

El sindicato subraya especialmente el trabajo realizado con el PSOE para impulsar una reforma que incorporase las garantías de autoridad, indemnidad y veracidad, buscando apoyos más allá de las diferencias políticas. Asimismo, recuerda que el pasado 26 de septiembre solicitó formalmente al presidente del Senado una tramitación urgente para evitar nuevos retrasos.

La modificación del artículo 80 no se limita al reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad. También extiende al personal laboral la misma protección penal y permite que los funcionarios utilicen su número profesional para identificarse en procedimientos administrativos y judiciales relacionados con su actividad.

Además, sus informes sobre hechos presenciados en procedimientos disciplinarios penitenciarios adquieren un valor probatorio reforzado, salvo que existan pruebas en contrario.

En cuanto a la indemnidad, la Administración deberá resarcir los daños personales o materiales sufridos por razón del servicio, siempre que no concurran dolo, culpa o negligencia grave y conforme a los términos que se desarrollen reglamentariamente. Esta garantía alcanza igualmente al personal laboral.

Sin embargo, para el sindicato, el reconocimiento legal no resuelve por sí solo los problemas de seguridad que afrontan los trabajadores penitenciarios.

Por ello, exige cubrir las vacantes, actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo y aprobar un protocolo que contemple las agresiones físicas y sexuales, las amenazas y la atención a las víctimas. También reclama reforzar la asistencia sanitaria y psiquiátrica.

El sindicato ha expresado su respaldo a los profesionales agredidos y ha reivindicado el trabajo de las plantillas sevillanas. "Hemos luchado durante años por esta protección. Ahora exigimos que se traduzca en seguridad real: ser agredido no forma parte del trabajo", sentencia.