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El PSOE ha reclamado al Parlamento de Andalucía que deje "sin efecto" de manera inmediata el cese de Antonio López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que la Mesa de la Cámara se reúna de urgencia para analizar la legalidad del procedimiento seguido. Los socialistas consideran que pueden existir "irregularidades" jurídicas en la decisión adoptada por la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, y solicitan un informe de los servicios jurídicos parlamentarios sobre las competencias para acordar el cese, el procedimiento utilizado y las garantías reconocidas al interesado.
La portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha atribuido la decisión a una "caza de brujas" vinculada, según su partido, al trabajo de fiscalización realizado por López sobre la gestión del Gobierno de Juanma Moreno. También ha advertido de un "precedente muy peligroso" por tratarse de una decisión que califica de "unilateral". "Pedimos la paralización inmediata de ese expediente de cese", ha exigido Márquez, que ha acusado a PP y Vox de mantener una "persecución intolerable" contra "gente incómoda para la derecha". El PSOE anuncia además que recurrirá a los tribunales y "al Tribunal Constitucional si es preciso". Paralelamente, reclama toda la información sobre las posibles "ilegalidades" que atribuye al actual presidente de la Cámara de Cuentas por su vinculación con empresas beneficiarias de recursos públicos.
López Hernández, que fue presidente del órgano en el pasado, habría incumplido, según el Parlamento, su deber de mantenerse ajeno a incompatibilidades. A la vez, se le atribuye una asesoría a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que está puesta bajo sospecha.
El consejero habría desarrollado al margen de su dedicación como consejero de la Cámara de Cuentas diversas actividades. El detonante fue su participación en la defensa de Begoña Gómez, para la que elaboró un informe pericial incorporado a la causa penal sobre la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. A partir de esa intervención, la Cámara de Cuentas abrió el 28 de mayo un expediente reservado para determinar si existía una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, según adelantó ABC este miércoles. La investigación habría detectado además trabajos docentes en varios másteres y cursos universitarios para los que, según esa documentación, no había solicitado la autorización previa exigida.
Las pesquisas concluyeron que López había compatibilizado su responsabilidad institucional, retribuida con 83.000 euros anuales y sometida a un régimen de dedicación absoluta, con actividades externas no autorizadas. Entre ellas figuraban durante el curso 2025-2026 tres posgrados de la Universidad de Granada y, posteriormente, un Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud. López recurrió el expediente por la vía contencioso-administrativa alegando vulneración de derechos fundamentales, pero el TSJA rechazó su demanda en julio y respaldó la competencia de la Cámara de Cuentas para supervisar las actividades profesionales de sus integrantes.
Dudas sobre las competencias para acordar el cese
En los escritos presentados ante el Parlamento, el Grupo Socialista cuestiona que la Presidencia de la Cámara tuviera competencia suficiente para extinguir un mandato otorgado por el Pleno mediante mayoría cualificada. "La facultad de comunicar una vacante no puede transformarse, sin otra habilitación normativa suficiente, en una potestad para producirla", sostiene uno de los documentos.
El PSOE pide que se identifique expresamente qué norma permite al Pleno de la Cámara de Cuentas declarar la incompatibilidad y qué norma autoriza a la Presidencia del Parlamento a acordar el cese. También plantea una posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución en relación con la permanencia y ejercicio de un cargo público. Los socialistas reclaman asimismo aclarar cómo un expediente inicialmente incoado como sancionador terminó desembocando en una declaración de incompatibilidad sobrevenida y si López pudo defenderse frente a todos los argumentos utilizados.
Uno de los escritos advierte de que, si faltara habilitación suficiente, podría existir una "extralimitación" y un posible "ejercicio abusivo del poder". El PSOE sostiene además que una posterior toma de conocimiento por la Mesa no subsanaría automáticamente posibles defectos. La formación reclama igualmente los expedientes y la documentación completa que fundamentaron la decisión y exige que Ana Mestre revoque o revise la resolución del 13 de octubre de 2026. "La Presidencia debe justificar la legalidad de su resolución y asumir plenamente la responsabilidad jurídica, política e institucional de haberla adoptado", recoge uno de los textos.
El PSOE ha reclamado al Parlamento de Andalucía que deje "sin efecto" de manera inmediata el cese de Antonio López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que la Mesa de la Cámara se reúna de urgencia para analizar la legalidad del procedimiento seguido. Los socialistas consideran que pueden existir "irregularidades" jurídicas en la decisión adoptada por la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, y solicitan un informe de los servicios jurídicos parlamentarios sobre las competencias para acordar el cese, el procedimiento utilizado y las garantías reconocidas al interesado.
La portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha atribuido la decisión a una "caza de brujas" vinculada, según su partido, al trabajo de fiscalización realizado por López sobre la gestión del Gobierno de Juanma Moreno. También ha advertido de un "precedente muy peligroso" por tratarse de una decisión que califica de "unilateral". "Pedimos la paralización inmediata de ese expediente de cese", ha exigido Márquez, que ha acusado a PP y Vox de mantener una "persecución intolerable" contra "gente incómoda para la derecha". El PSOE anuncia además que recurrirá a los tribunales y "al Tribunal Constitucional si es preciso". Paralelamente, reclama toda la información sobre las posibles "ilegalidades" que atribuye al actual presidente de la Cámara de Cuentas por su vinculación con empresas beneficiarias de recursos públicos.
López Hernández, que fue presidente del órgano en el pasado, habría incumplido, según el Parlamento, su deber de mantenerse ajeno a incompatibilidades. A la vez, se le atribuye una asesoría a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que está puesta bajo sospecha.
El consejero habría desarrollado al margen de su dedicación como consejero de la Cámara de Cuentas diversas actividades. El detonante fue su participación en la defensa de Begoña Gómez, para la que elaboró un informe pericial incorporado a la causa penal sobre la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. A partir de esa intervención, la Cámara de Cuentas abrió el 28 de mayo un expediente reservado para determinar si existía una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, según adelantó ABC este miércoles. La investigación habría detectado además trabajos docentes en varios másteres y cursos universitarios para los que, según esa documentación, no había solicitado la autorización previa exigida.
Las pesquisas concluyeron que López había compatibilizado su responsabilidad institucional, retribuida con 83.000 euros anuales y sometida a un régimen de dedicación absoluta, con actividades externas no autorizadas. Entre ellas figuraban durante el curso 2025-2026 tres posgrados de la Universidad de Granada y, posteriormente, un Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud. López recurrió el expediente por la vía contencioso-administrativa alegando vulneración de derechos fundamentales, pero el TSJA rechazó su demanda en julio y respaldó la competencia de la Cámara de Cuentas para supervisar las actividades profesionales de sus integrantes.
Dudas sobre las competencias para acordar el cese
En los escritos presentados ante el Parlamento, el Grupo Socialista cuestiona que la Presidencia de la Cámara tuviera competencia suficiente para extinguir un mandato otorgado por el Pleno mediante mayoría cualificada. "La facultad de comunicar una vacante no puede transformarse, sin otra habilitación normativa suficiente, en una potestad para producirla", sostiene uno de los documentos.
El PSOE pide que se identifique expresamente qué norma permite al Pleno de la Cámara de Cuentas declarar la incompatibilidad y qué norma autoriza a la Presidencia del Parlamento a acordar el cese. También plantea una posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución en relación con la permanencia y ejercicio de un cargo público. Los socialistas reclaman asimismo aclarar cómo un expediente inicialmente incoado como sancionador terminó desembocando en una declaración de incompatibilidad sobrevenida y si López pudo defenderse frente a todos los argumentos utilizados.
Uno de los escritos advierte de que, si faltara habilitación suficiente, podría existir una "extralimitación" y un posible "ejercicio abusivo del poder". El PSOE sostiene además que una posterior toma de conocimiento por la Mesa no subsanaría automáticamente posibles defectos. La formación reclama igualmente los expedientes y la documentación completa que fundamentaron la decisión y exige que Ana Mestre revoque o revise la resolución del 13 de octubre de 2026. "La Presidencia debe justificar la legalidad de su resolución y asumir plenamente la responsabilidad jurídica, política e institucional de haberla adoptado", recoge uno de los textos.
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