"El criterio no decía específicamente que se trataba de las materias de Educación para la Ciudadanía, en quinto, y Cultura Digital, en sexto", explica indignado Gonzalo Ferrer, que lidera una iniciativa para impugnar las oposiciones a maestro cuyos resultados se supieron la semana pasada. Este profesor interino del CEIP Elio Antonio de Nebrija de Jerez, ha sacado un 9,5 de nota situándose entre los mejores de los que se examinaron en esta convocatoria de 2019 en su tribunal.
Sin embargo, no le servirá de nada. El hecho de no haber contado en su programación didáctica de los dos últimos cursos de Primaria con dos materias, que asegura que en un principio no estaban recogidas en los criterios establecidos por la convocatoria, le ha costado nada más y nada menos que diez puntos. Una penalización que le impide acceder a una plaza definitiva pese a su alta calificación en la prueba. "Ante la duda de los presidentes de los tribunales de Cádiz, se consultó a la Comisión de Selección, el organismo que tiene competencia en este tipo de cuestiones, y esta envía un correo electrónico a todos los tribunales diciendo que sí que tienen que penalizar estas áreas", explica a lavozdelsur.es sobre lo que ha sucedido, a posteriori de la convocatoria inicial, en la que ve clara "ambigüedad". "Es un cambio de criterio en el camino", expone, ya que incluso en los contenidos estudiados en las academias, nadie conocía que las materias de Educación para la Ciudadanía y Cultura Digital, entraban dentro de la programación.
Sin embargo, el problema no reside para Gonzalo Ferrer tanto en esta circunstancia como en el agravio comparativo entre unos opositores y otros. El hecho del desconocimiento de la norma y, a su juicio, el haber especificado que entraba un contenido del que previamente nadie tenia constancia en la programación didáctica, ha provocado que algunos tribunales de las oposiciones a maestro de Andalucía no hayan penalizado, a diferencia del suyo, a los que no presentaron estas materias en su programación. "Por eso decimos que hay un agravio comparativo; mientras que en la mayor parte de Cádiz sí se ha penalizado con diez puntos a los que no lo hemos hecho, en otros lugares de Andalucía no ha sido así", explica. Un hecho que se suma a otro agravio, el de los opositores que en vez de elegir quinto o sexto de Primaria han elegido de primero a cuarto curso. "Ellos no han tenido este problema", dice.
El consejero Javier Imbroda, en la Comisión Parlamentaria de Educación y Deporte.
La Junta no ve ambigüedades y no aceptará reclamaciones
Por su parte, Educación ha salido a defender la convocatoria, reafirmando la postura de los profesionales y negando que exista ambigüedad en la norma correspondiente a la programación didáctica de las oposiciones a maestro. De esa forma, en un comunicado la Consejería indicó días atrás que se han establecido "criterios claros de corrección para las oposiciones al Cuerpo de Maestros, siguiendo la normativa publicada" y, al mismo tiempo, que cada opositor "ha podido elegir libremente los cursos de primero a sexto de Educación Primaria", incluyendo el área de Ciudadanía y los Derechos Humanos y Cultura y Práctica Digital, respectivamente.
La Junta sostiene que el 17 de junio, antes del comienzo de proceso de selección, la Consejería de Educación publicó el documento que determina los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de esos mismos criterios de corrección. "se contempla que para la especialidad de Educación Primaria, la programación abarca todas las áreas para las que tiene atribución docente el personal de esta especialidad, siempre que no esté debidamente justificado, con una penalización de -10 en caso de incumplimiento", adjuntan en el comunicado. No obstante, con objeto de reforzar los criterios, el 9 de julio Educación envío un coreo oficial a todos los tribunales con objeto de que se cumpliera la normativa y negando cualquier tipo de ambigüedad.
Por otro lado y sobre la posibilidad del agravio comparativo, Educación también es clara: "En el caso de que algún tribunal de los 118 de Primaria no hubiese seguido las instrucciones dadas y de que hubiera existido alguna irregularidad, desde la Consejería se tomarían las medidas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del concursooposición". Un aspecto que sí podría dar la razón a los denunciantes, en el caso de que demostraran distinta aplicación de la norma, aunque desconociendo si llegaría a buen puerto.
Opositores se preparan para hacer sus exámenes en una convocatoria anterior.
"Ha sido muy duro para nosotros"
Gonzalo Ferrer, que es poco optimista dada la respuesta de la Administración autonómica, reconoce que ha sido "muy duro" para los opositores afectados, que se concentraron el pasado jueves frente a la consejería de Educación tras una reunión con los recursos humanos, de quien depende la propia Comisión de Selección y todos los tribunales de oposición de Andalucía.
Ferrer, que eligió la programación de quinto y sexto de Primaria porque pensaba que "podía brillar mejor" en estos cursos, va a seguir hasta el final luchando, presentando recursos y denunciando su caso tanto en los medios de comunicación como a la propia Junta de Andalucía. "Ellos se encierran en que Ciudadanía y Cultura Digital había que incluirlas, y que la penalización es así, por lo que no hay nada que hacer". Sin embargo, confía en que, al no haberse aplicado a todo el mundo, haya una mínima esperanza de que vaya hacia atrás.
"Hay provincias enteras como Jaén o Almería en las que no hay ni un solo tribunal afectado, mientras que en Cádiz, los más afectados, también hay dos o tres en esa situación", añade. Por otro lado, lamenta la penalización, que cree que es "altísima" y que no tiene en cuenta "todo lo que demostró cada uno en todo el proceso". "Somos gente que sacamos muy buenas notas. Mi compañera sacó un 9,9 y cuando hablamos de este problema con el tribunal, nos confirmaron que éramos dos de los que teníamos plaza", concluye indignado, a la espera de anunciar nuevas acciones para reivindicar una impugnación que cree que es "de justicia". Por el momento, ya han creado algunos grupos en varias provincias andaluzas, con objeto de encontrar abogados y reuniones con los altos cargos, para trabajar en esa línea.
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