El nuevo modelo de licitación para la atención psicológica a víctimas de violencia de género en Andalucía ha encendido las alarmas entre las profesionales que actualmente prestan este servicio. La asociación unaAuna, que gestiona el programa de atención psicológica para mujeres menores de edad —de 14 a 17 años— víctimas de violencia machista por parte de sus parejas o exparejas, ha mostrado su firme rechazo al nuevo modelo impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), al considerar que "supone un grave retroceso en la calidad, la especialización y las garantías de atención a las mujeres que sufren esta violencia".

La principal preocupación de la entidad se centra en un aspecto muy concreto del nuevo modelo: la desaparición del programa específico de atención psicológica a adolescentes víctimas de violencia de género y sus familias. Para la asociación, resulta incomprensible que "se elimine un recurso especializado que ha funcionado durante años sin explicar cómo se garantizará una intervención adaptada a las necesidades de las menores".

"No se puede atender a una menor de 14 años como a una joven de 25"

Las profesionales que integran unaAuna insisten en que las adolescentes víctimas de violencia requieren metodologías específicas, así como profesionales con formación especializada en este perfil de edad. Sin embargo, denuncian que estos requisitos "dejan de estar garantizados en los nuevos pliegos, donde no se delimita cómo estarán compuestos los grupos de edad". La contundencia de su crítica queda reflejada en sus propias palabras: "no se puede atender a una menor de 14 años de la misma manera que a una joven de 25 años, por eso no tiene sentido incluir a las adolescentes en un programa de mujeres jóvenes".

La entidad no se limita a cuestionar el tratamiento específico de las menores, sino que extiende su crítica al conjunto del nuevo modelo. Según denuncian, "el nuevo modelo diluye la especialización de los equipos al integrar en un único servicio programas dirigidos a perfiles muy distintos". Además, advierten de un problema de fondo que consideran especialmente grave: los pliegos no aseguran que todas las personas que atiendan a las víctimas cuenten con experiencia acreditada en ámbitos tan sensibles como la atención a menores, la violencia sexual, el trauma o la intervención en crisis, "lo que puede afectar a su recuperación".

Un equipo de profesionales que la asociación considera "insuficiente"

Más allá de la especialización, unaAuna pone también el foco en los recursos humanos previstos en la nueva licitación. La asociación denuncia que "el número de profesionales que se contemplan por equipos es insuficiente para atender a la población de usuarias y llevar a cabo todas las tareas que se incluyen en la licitación". Según sostiene la entidad, "no existe justificación técnica que demuestre que estos equipos podrán asumir esa carga de trabajo sin deteriorar la atención".

Precisamente en este punto, la organización carga con dureza contra la falta de transparencia que atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer. Según explica unaAuna, ante una pregunta pública realizada a través de la propia plataforma de contratación, el IAM justificó el cálculo del personal necesario basándose únicamente en "necesidades detectadas", sin aportar en ningún momento estudios, estadísticas ni datos objetivos que respalden esa decisión, lo que a juicio de la asociación deja en entredicho el rigor técnico de todo el proceso.

Ante este panorama, unaAuna reclama una reconsideración del modelo planteado por el IAM y exige que cualquier reforma futura se sustente en criterios técnicos, evidencias contrastadas y una planificación rigurosa, algo que consideran ausente en la propuesta actual. Para la asociación, resulta vital preservar la especialización que, según afirman, ha garantizado durante años una atención psicológica de calidad a las víctimas de violencia de género en la comunidad autónoma.

La entidad ha querido cerrar su comunicado con una advertencia clara dirigida a la Administración andaluza: "cualquier cambio en un recurso tan esencial para la protección de mujeres y menores debe estar plenamente justificado y asegurar, como mínimo, los estándares de calidad actuales". Una exigencia que refleja el temor de las profesionales del sector ante un cambio de modelo que, según denuncian, podría poner en riesgo la atención a uno de los colectivos más vulnerables frente a la violencia machista: las adolescentes.