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El Consejo de Gobierno de Andalucía ha declarado desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y forestal el incendio de Niebla, mientras que en paralelo ha reclamado al Ejecutivo central que reconozca como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces castigados por distintos incendios y por la serie sísmica de Granada. La petición llega después de varias decisiones y anuncios del Gobierno de España, aunque no todos afectan a los episodios que ahora señala la Junta.
El Consejo de Ministros ya aprobó el 28 de julio de 2026 la declaración de 211 zonas afectadas en 14 comunidades autónomas. Aquel acuerdo incluía algunos incendios registrados previamente en Andalucía, pero, por una cuestión temporal, dejó fuera los grandes fuegos de finales de julio y agosto y la posterior serie de terremotos de Granada.
Desde entonces, el Gobierno central ha avanzado nuevas actuaciones. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, anunció que Granada será declarada zona gravemente afectada tras los terremotos que han sacudido la Vega y el área metropolitana durante agosto. También se había anunciado la incorporación como zona afectada del territorio alcanzado por el trágico incendio de Los Gallardos, en Almería, ocurrido el 9 de julio. Es en ese escenario donde la Junta plantea ahora una petición más amplia para que el Estado reconozca formalmente otros episodios recientes y adopte medidas urgentes para paliar sus consecuencias.
De los 31 municipios incluidos, 15 corresponden a incendios forestales. Son Las Tres Villas y Nacimiento, en Almería; Lecrín, en Granada; Berrocal, El Campillo, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lepe, Niebla, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real, en Huelva; y Aznalcóllar, en Sevilla. Los otros 16 se encuentran en Granada y están incluidos por la serie sísmica: Alhendín, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil y Villa de Otura.
La declaración estatal permitiría activar medidas como ayudas por daños en viviendas y enseres, compensaciones a ayuntamientos, subvenciones para infraestructuras municipales o apoyo a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También contempla ayudas para producciones agrícolas, ganaderas y forestales, además de posibles medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.
Niebla, declarado desastre natural por la Junta
Al margen de esa reclamación al Estado, el Gobierno andaluz ha adoptado su propia decisión sobre el incendio iniciado en Niebla el 6 de agosto, que terminó extendiéndose desde Huelva hasta Sevilla. La Junta lo ha declarado desastre natural como paso previo para flexibilizar y activar ayudas destinadas a las explotaciones afectadas. Según la medición definitiva de Copernicus, el fuego quemó alrededor de 33.000 hectáreas, con un perímetro aproximado de 210 kilómetros. Las llamas afectaron a pinares, dehesas, monte mediterráneo y eucaliptales y provocaron importantes pérdidas en la producción de corcho y bellota. También resultaron afectados 34 cotos de caza, 27 en Huelva y siete en Sevilla. La ganadería extensiva aparece entre los sectores más perjudicados.
La Junta contabiliza daños en 38 explotaciones de bovino y equino, además de pequeños rumiantes y porcino, junto a perjuicios sobre la actividad apícola. La declaración permitirá flexibilizar la gestión de ayudas como las procedentes de Feaga y Feader, mientras el Ejecutivo andaluz prepara sus propias medidas para reparar daños y recuperar la normalidad.
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha declarado desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y forestal el incendio de Niebla, mientras que en paralelo ha reclamado al Ejecutivo central que reconozca como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces castigados por distintos incendios y por la serie sísmica de Granada. La petición llega después de varias decisiones y anuncios del Gobierno de España, aunque no todos afectan a los episodios que ahora señala la Junta.
El Consejo de Ministros ya aprobó el 28 de julio de 2026 la declaración de 211 zonas afectadas en 14 comunidades autónomas. Aquel acuerdo incluía algunos incendios registrados previamente en Andalucía, pero, por una cuestión temporal, dejó fuera los grandes fuegos de finales de julio y agosto y la posterior serie de terremotos de Granada.
Desde entonces, el Gobierno central ha avanzado nuevas actuaciones. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, anunció que Granada será declarada zona gravemente afectada tras los terremotos que han sacudido la Vega y el área metropolitana durante agosto. También se había anunciado la incorporación como zona afectada del territorio alcanzado por el trágico incendio de Los Gallardos, en Almería, ocurrido el 9 de julio. Es en ese escenario donde la Junta plantea ahora una petición más amplia para que el Estado reconozca formalmente otros episodios recientes y adopte medidas urgentes para paliar sus consecuencias.
De los 31 municipios incluidos, 15 corresponden a incendios forestales. Son Las Tres Villas y Nacimiento, en Almería; Lecrín, en Granada; Berrocal, El Campillo, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lepe, Niebla, Paterna del Campo, Valverde del Camino, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zalamea la Real, en Huelva; y Aznalcóllar, en Sevilla. Los otros 16 se encuentran en Granada y están incluidos por la serie sísmica: Alhendín, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena, Ogíjares, Santa Fe, Vegas del Genil y Villa de Otura.
La declaración estatal permitiría activar medidas como ayudas por daños en viviendas y enseres, compensaciones a ayuntamientos, subvenciones para infraestructuras municipales o apoyo a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También contempla ayudas para producciones agrícolas, ganaderas y forestales, además de posibles medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.
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La Junta contabiliza daños en 38 explotaciones de bovino y equino, además de pequeños rumiantes y porcino, junto a perjuicios sobre la actividad apícola. La declaración permitirá flexibilizar la gestión de ayudas como las procedentes de Feaga y Feader, mientras el Ejecutivo andaluz prepara sus propias medidas para reparar daños y recuperar la normalidad.
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