La Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz (ITSS), ha llevado a cabo en una explotación agrícola de la localidad de Villamartín una operación contra el empleo irregular, ocupación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y el fraude a la Seguridad Social.
Según ha comunicado la Guardia Civil en una nota de prensa, se procedió a la identificación de 34 trabajadores, detectando más de una treintena de infracciones administrativas en materia de Seguridad Social, y de trabajadores extranjeros empleados sin permiso de trabajo.
La actuación se ha desarrollado de forma conjunta con la Guardia civil de Cádiz, fruto del convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal ITSS para la Coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el marco del “Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos”.
Las actuaciones realizadas han tenido lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores bien sin dar de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social -y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario o accidente laboral- bien percibiendo prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta propia o ajena, o bien ocupando a trabajadores extranjeros sin el correspondiente permiso de trabajo o autorización administrativa para trabajar.
De los 34 trabajadores identificados, 33 se encontraban trabajando en la explotación agrícola de manera irregular por lo que, pendiente de ultimar la investigación, se formularán más de una treintena de denuncias por la comisión de infracciones muy graves en materia de trabajo de extranjeros o percibo de prestaciones incompatibles, o graves en materia de faltas de alta en Seguridad Social.
Para ello, por parte de los servicios de la ITSS de Cádiz se continúa con la investigación que dará lugar en su caso, a incoar los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de elevadas sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la extinción de las prestaciones ilegalmente percibidas y devolución de las cantidades afectadas.
Hay que recordar que la economía irregular conlleva un grave riesgo no solo para los consumidores, sino también es un daño para la propia pervivencia de muchas empresas que respetan la legalidad, y cumplen sus obligaciones y de las que dependen un número considerable de trabajadores y puestos de trabajo.
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