El pacto de gobierno entre PP y Vox es rotundo en su punto 148: "Los grupos parlamentarios que conforman la coalición de gobierno aprobarán una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica". El registro de la proposición de ley debe hacerse, según este acuerdo, antes de final de año y la base sobre la que se mueve Vox está en los acuerdos que ya han impulsado en comunidades como Extremadura y que, precisamente, han sido recurridos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. 

El Ejecutivo entiende que una norma autonómica de este tipo colisiona con las competencias estatales y rebaja la protección reconocida a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil por la ley estatal de memoria democrática. Dicho recurso ya fue admitido a trámite y da pistas del nuevo frente que se avecina en Andalucía para hacerse con el relato en la batalla cultural.

Ya en la anterior etapa de gobierno de PP y Cs, con Vox como socio externo, se trató de impulsar esta ley autonómica, pero solo acabó creándose un comisionado para la Concordia que desde 2023 recayó en una funcionaria que ya había desempeñado en 2016 la jefatura del servicio de Memoria Democrática en la anterior Dirección General de la Memoria.

Punto clave en las 'leyes ideológicas'

Es complicado que en un tema incluido en el apartado de leyes ideológicas el socio Vox vaya a permitir otro cambio meramente estético como el de hace tres años. Sin embargo, y a expensas de que se registre la proposición, la propia consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo —de quien depende este comisionado—, ha destacado hace unos días en comisión parlamentaria que en la presente legislatura "vamos a continuar con las tareas de localización de fosas, las exhumaciones, las identificaciones genéticas y la entrega a los familiares para que los puedan enterrar dignamente".

"Esta va a ser la gran prioridad en materia de memoria democrática; es la gran deuda pendiente y tenemos que correr todo lo que podamos porque cada vez las identificaciones genéticas cuestan más trabajo, las muestras son de familiares más lejos y los restos, en peor estado", ha remarcado Del Pozo. 

"¿Quién de aquí le va a negar a una familia que pueda enterrar dignamente a su abuelo?"

Desde 2019 —año en el que Juanma Moreno se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía— se han realizado 2.995 exhumaciones y se ha analizado en Andalucía el ADN de 4.375 víctimas y de 2.939 muestras de familiares, según los datos ofrecidos por la consejera en el Parlamento andaluz, que ha recordado que son gastos que ha afrontado "exclusivamente" la Junta porque "ninguna administración pone dinero para las identificaciones genéticas".

Sobre el acuerdo con Vox, en la misma sede parlamentaria, Del Pozo ha reconocido que "hay un punto que habla de una Ley de Concordia en el acuerdo de Vox; pero yo no suelo hablar mucho de este tema. Yo me dedico a sumar, identificar y entregar".

En este sentido, ha dicho, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una cuestión de humanidad y es la gran asignatura pendiente en la que todo el mundo está de acuerdo. ¿Quién de aquí le va a negar a una familia que pueda enterrar dignamente a su abuelo? ¿Quién lo va a negar? Por tanto, es una cuestión de humanidad. Aquí no se pregunta ni qué víctima es o de qué de bando. Aquí no hay bandos, aquí hay personas sepultadas por la comunidad autónoma y es la gran deuda pendiente que tenemos y quedan pocos años para dar consuelo a las familias y hay que volcarse".

Así las cosas, "si sale una Ley de Concordia que salga con el mayor consenso y seguirá teniendo este punto como prioridad porque es un objetivo que nos une a todos. La actual ley de Memoria Democrática no me gusta, es de parte, salió de este Parlamento con todas las abstenciones". 

Aun así, la portavoz de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, le ha interpelado: "¿Qué va usted a elegir, qué va su Gobierno a elegir en materia de memoria democrática, traicionar a sus socios de hobierno y no cumplir con el pacto firmado o traicionar a quienes todavía siguen teniendo muertos en las cunetas?". "La democracia no puede construirse sobre el olvido; es una cuestión de dignidad y una obligación por ley: verdad, justicia y reparación", ha mantenido el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca. A lo que ha añadido: "¿Qué es la Concordia, significa borrar las diferencias entre víctimas y verdugos? Nos tendrá enfrente. Ni un paso atrás".

Rocío Marín, portavoz de Vox en la comisión, ha lanzado un mensaje velado: "Vele por transferir el acervo cultural y el bien general, y deje al lado la ideología; no intente reescribir la historia".