CSIF Cádiz denuncia que la Junta de Andalucía se está saltando la negociación con los representantes legítimos de los trabajadores y trabajadoras en relación a la decisión de contratar a 3.000 auxiliares de control de playas durante el verano 2020. El responsable del sector de Administración autonómica de CSIF Cádiz, Manuel Méndez, ha reclamado a la Junta que convoque el órgano de negociación correspondiente, en función de las atribuciones y características que vaya a tener este personal, para acordar el proceso de selección del mismo. Estos vigilantes de las playas tendrán un sueldo neto de unos 1.900 euros, según ha anunciado la Junta.
La central sindical, a nivel autonómico, ha remitido un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta en el que expresa sus dudas en relación a la información hecha pública y recuerda que la Bolsa Única, a la que se ha aludido para llevar a cabo este proceso, es un instrumento que "aún no está operativo", por lo que el sindicato entiende que el mencionado proceso no podrá articularse a través de dicha bolsa. Además, CSIF tiene dudas también sobre la categoría en la que se englobarían dichos auxiliares de control de playas.
Si dicho personal, tal y como se ha manifestado públicamente por parte de responsables del Ejecutivo andaluz, se contratará en el ámbito del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, CSIF exige la convocatoria inmediata de la Comisión de dicho convenio. No obstante, el sindicato entiende que, dependiendo de las potestades que se asignen a dicho personal, podría ser la Mesa Sectorial del Personal Funcionario la que debiera abordar este asunto y la negociación correspondiente con los representantes de los trabajadores.
En este sentido, y ante la actitud demostrada por la Administración al respecto, CSIF Andalucía considera que ha habido una “evidente falta de negociación” en relación con este asunto y pide que se convoque el órgano correspondiente en el que se pueda tratar esta cuestión, contando con la opinión de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la Junta de Andalucía.
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