Costas quiere construir una playa artificial en La Casería tras el derribo de las casetas

El parlamentario andaluz José Ignacio García llevará el asunto al Parlamento para que se mantengan las casetas en la playa de San Fernando

El parlamentario José Ignacio García, durante la concentración contra el derribo de La Casería.
El parlamentario José Ignacio García, durante la concentración contra el derribo de La Casería.

El parlamentario andaluz por la provincia de Cádiz, José Ignacio García, ha anunciado que llevará el conflicto de La Casería al Parlamento andaluz para que el Gobierno andaluz se pronuncie al respecto. En concreto, este miércoles registrará una pregunta dirigida a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de que la Administración autonómica explique las actuaciones que ha tomado para el mantenimiento de las casetas de la playa de La Casería de San Fernando.

García ha acompañado a vecinos y pescadores que han protagonizado una concentración frente a la sede de la Demarcación General de Costas en Cádiz, donde han exigido ser recibidos por el jefe de Demarcación de Costas, Patricio Poullet, para que escuche los testimonios de los afectados. Al respecto, García ha lamentado que ni Poullet ni nadie de la Demarcación hubiese bajado al menos a recibirlos y “escuchen de viva voz cómo el derribo supone un drama para estas familias”.

En este sentido, el diputado andaluz ha querido destacar que “La Casería es un tesoro para los isleños e isleñas y para todo la provincia”. “Un enclave único – ha continuado— sostenible medioambientalmente y con una tradición de décadas”. Pero es que además, García ha insistido en que “supone un modo de vida y un modo de ganarse el sustento para cerca de 60 familias, entre pescadores y el personal de hostelería de las dos cantinas”.

Es por eso que ha mostrado “el rechazo de Adelante Andalucía y nuestro máxime apoyo a las familias porque tenemos claro que esto obedece a otra operación inmobiliaria de la que son víctimas nuestras costas de Andalucía”. “Llama mucho la atención que no conozcamos el proyecto de lo que se quiere hacer allí pero sí el derribo encima de la mesa desde hace meses”.

Así las cosas, García ha anunciado que además de la iniciativa parlamentaria, su compañera Ángela Aguilera, parlamentaria andaluza, mantendrá esta semana una reunión con los vecinos y van a llevar este conflicto a todas las administraciones posibles. “Vamos a presionar al Gobierno central y al Ayuntamiento de San Fernando para que, junto con la Junta, paralicen los derribos y protejan este entorno natural”.

Ecologistas ve con buenos ojos el proyecto de Costas

Ecologistas en Acción se reúne con el jefe de la Demarcación de Costas, Patricio Poullet, para abordar la situación de La Casería. Poullet informó del estado de los expedientes de recuperación del DPMT ocupado por varias casetas y dos restaurantes, y de la firme voluntad del Ministerio de desalojar las construcciones ilegales.

Asimismo, informó del proyecto de paseo peatonal y ciclista, así como de playa artificial que tienen previsto ejecutar. La delegación de Ecologistas en Acción mostró su apoyo al cumplimiento de la Ley de Costas, y a la recuperación del DPMT usurpado, tanto en La Casería como en todo el litoral de la provincia, mostrando su perplejidad ante las manifestaciones de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE), y del delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez (PP), que piden que no se aplique la ley y se ampare a quienes han construido ilegalmente en suelo público protegido.

Ecologistas en Acción ya se pronunció por el retranqueo de las casetas a la zona de servidumbre del DPMT, que es de propiedad municipal, pero pedimos al jefe de Costas que se estudien medidas legales para mantener el famoso bar El Bartolo, por su antigüedad, por su peculiaridad, y por haber tenido una concesión legal, igual que tienen otros restaurantes en DPMT de la provincia.

Ecologistas también mostró su opinión favorable al paseo marítimo peatonal y ciclista, pero no a la playa artificial, que considera innecesaria y que obligará a sucesivas y costosas regeneraciones. Poullet informó que el proyecto está en fase de borrador, y que se someterá a información pública para que todas las partes interesadas puedan presentar alegaciones y propuestas. 

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