Las dos familias que residen actualmente en el Cortijo de la Nocla, propiedad compartida proindivisa del Ayuntamiento y el Arzobispado de Granada, presentaron este lunes en el Registro del Consistorio un escrito de alegaciones para frenar la amenaza de su desalojo. Las familias habían recibido de manos de la Policía Local de Granada la orden de desalojo hace cinco días, firmada por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, pero, sorprendentemente, sin que la otra copropietaria del terreno tuviera conocimiento. Estas familias residen en tres chabolas cuidadosamente construidas en el interior del recinto amurallado de la antigua casa nazarí, actualmente completamente destruida. Carecen de agua, luz eléctrica y servicios sanitarios.
En su escrito, las familias alegan que el uso de este espacio para residir no es algo reciente, sino habitual desde hace años, por diferentes familias, dada la carencia de vivienda pública en Granada y las dificultades que tienen para acceder a la vivienda en mercado libre por sus elevados precios de alquiler. Así, alegan que residen allí "para buscarse un techo y una seguridad, especialmente para sus hijos menores, dada la inacción y la dejación de funciones de los responsables municipales en procurar una alternativa digna habitacional". Además, insisten en que el desalojo ahora, en plena ola de frío invernal y en pleno rebrote de la pandemia covid-19, contraviene el Real Decreto-ley 37/2020, que decreta "la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio". Todo ello se agrava más por la existencia de menores de edad residiendo en este asentamiento. Estos menores están escolarizados en la zona, y su desalojo a la vía pública sin otra alternativa de convivencia familiar aceptable, constituiría una agresión directa a sus derechos fundamentales.
Las familias han sido apoyadas en la formulación de sus alegaciones por las asociaciones que trabajan en la protección de los derechos de las personas que residen en este y en otros asentamientos chabolistas de la ciudad, como Médicos del Mundo, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Anaquerando. Estas asociaciones denuncian “la falta de respuesta del Ayuntamiento de Granada a la situación de extrema pobreza que se viven en estos asentamientos y el uso cada vez más frecuente de las medidas represivas como los desalojos, que no hacen sino aumentar la vulnerabilidad sin solucionar realmente el problema”.
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