La Junta de Andalucía ha anunciado, por medio de su vicepresidente, Juan Marín, que no está previsto que los municipios turísticos de Andalucía aumenten su personal sanitario durante los meses de verano pese a que muchos de ellos llegan a triplicar su población en el periodo estival debido a la llegada de turistas. En el caso de Conil de la Frontera, la tasa de contagio ya supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y su alcalde, Juan Bermúdez, ha demandado más medios en un municipio que tiene unos 20.000 habitantes y estos días llega a picos de 70.000.
El Gobierno, en respuesta a una pregunta de lavozdelsur.es, alega que el personal asignado actualmente a cada distrito sanitario es suficiente y que, en el caso de aquellos situados en la costa, el número de trabajadores es todavía mayor. Sindicatos como CSIF, en cambio, denuncian que en el caso del litoral gaditano solo se ha reforzado ante la temporada estival la localidad de Zahara de los Atunes. Juan Marín ha defendido que “entendemos que está todo el personal necesario, con todo el material y todas las instalaciones”, pese a que el Sindicato de Enfermería ha denunciado que este verano se cerrarán más de 2.000 camas en la comunidad.
El Ejecutivo ha mostrado tranquilidad respecto a la situación pandémica debido a que, a diferencias de otros momentos en los que el aumento de casos era proporcional al número de hospitalizaciones, en esta ocasión, a pesar del crecimiento en la incidencia, la presión hospitalaria sigue siendo baja. El número de pacientes ingresados por covid es del 2,96%, medio punto por encima de la media nacional, mientras que el porcentaje en UCI es de 6,48%, algo por debajo de la media del país (6,78%).
Las aglomeraciones en las calles de los municipios turísticos son la principal preocupación del Gobierno andaluz. Sin embargo, Elías Bendodo, como portavoz del Ejecutivo, ha recordado a los ayuntamientos la responsabilidad competencial que tienen para impedir que se celebren botellones y les ha pedido que redoblen los esfuerzos, a través de la Policía Local, para evitar este tipo de situaciones. En este sentido, la Junta no tiene previsto pedir al Gobierno central un mayor dispositivo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ha instado a los propios ayuntamientos a que, en caso de necesidad, sean ellos quienes soliciten este apoyo.
La desescalada se le atraganta a la Junta
Casi dos meses después de que el Gobierno andaluz anunciase las tres fases de su desescalada tras la caída del Estado de Alarma, Andalucía sigue en la primera fase. La tercera de ellas tendría que haber comenzado el pasado 21 de junio, sin embargo, la comunidad sigue sin avanzar debido al aumento de casos entre la población juvenil.
La Junta mantiene su firmeza y sigue pregonando que “Andalucía tiene su propia hoja de ruta”, pero 60 días después aún se desconocen los detalles de cómo serán las siguientes etapas de la vuelva a la normalidad. De hecho, Elías Bendodo no ha descartado que se pueda producir un retroceso tras la reunión del comité de expertos, aunque Juan Marín se ha mostrado más optimista y confiado de que, al menos, se puedan mantener las restricciones actuales para no dañar a la economía.
Desde el Ejecutivo han trasladado tranquilidad, en contraposición con otras CCAA que están llevando a cabo o solicitando restricciones más duras, aunque han pedido, sobre todo a los jóvenes, que cumplan las medidas sociosanitarias. Pese al evidente cambio en el perfil de los afectados, Andalucía no tiene previsto cambiar sus criterios. Hasta el momento, el tipo de licencia de los locales ha primado sobre las condiciones del mismo, por lo que casas de apuestas y establecimientos de juego pueden mantenerse abiertos hasta las dos de la mañana mientras que los bares tienen que recoger sus terrazas a medianoche.
Respecto a la situación de Conil, será el comité territorial el que decida este miércoles si se cierra el perímetro del municipio ya que la tasa de contagios no es el único indicador a tener en cuenta. En este caso, el Gobierno andaluz necesitará que lo ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque todo indica que toda actividad no esencial quedará clausurada.
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