La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un paso más para que se cierre una de las causas de los ERE. En concreto la que afecta al ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su entrada en prisión. El tribunal ha pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas (el PP andaluz) si suspende la prisión para Griñán y otros ocho exaltos cargos de la Junta mientras se tramitan los indultos planteados en el denominado caso de los ERE.
El auto de la Audiencia dictamina que en la citada causa, por la que el Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia condenatoria contra los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves y varios exconsejeros, como Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Aguayo, entre otros, "se ha recibido por parte del Ministerio Fiscal los autos, junto con certificación de la sentencia para su cumplimiento".
La defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán formalizó ante el Tribunal Supremo su anuncio de formalización de incidente de nulidad, respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitaión por delitos continuados de malversación y prevaricación, por el procedimiento específico mediante el cual la Junta canalizó sus subvenciones para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.
Asimismo, el auto establece que se requiera a los penados Manuel Chaves, José Salgueiro, Magdalena Álvarez, Jacinto Cañete, Gaspar Zarrías y Antonio Vicente Lozano, "para el cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados en sentencia de fecha de 19 de noviemnbre de 2019".
Casi al mismo tiempo, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, rectificaba las palabras de su compañero de Gobierno, José Antonio Nieto. Nieto aseguró que era difícil recuperar el dinero de los ERE. Por su parte, el portavoz andaluz ha señalado desde San Telmo que "agotaremos todas las vías para recuperar hasta el último euro defraudado en Andalucía". En este sentido, ha señalado que los servicios jurídicos de la Junta "tienen un mandato claro del presidente y del Consejo para agotar la última vía para recuperar esos fondos no porque sean fondos del Gobierno andaluz, que son del conjunto de los andaluces".
Por su parte, Manuel Gavira, portavoz de Vox, ha señalado en el Parlamento de Andalucía que es muy grave que el Gobierno de la Junta solicite el archivo de varias piezas del mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE, con lo que pone en serio peligro la posibilidad de recuperar los 680 millones de euros robados a los andaluces por los socialistas".
Gavira ha hecho esta apreciación tras conocer una resolución del juez de instrucción del Juzgado número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que entraña una advertencia a los funcionarios y autoridades de la Junta por la forma en la que se está ejerciendo la acusación particular en el caso de los ERE por parte de la Administración autonómica, según una nota de este partido.
Para el portavoz parlamentario de Vox, "es muy grave que sea la propia Junta la que esté solicitando a la Justicia el archivo de un procedimiento, después de que una sentencia firme del Tribunal Supremo haya ratificado las condenas por el robo de 680 millones de euros a los andaluces" y sobre todo "cuando anteriormente, en las fases oportunas de este mismo procedimiento judicial solicitó justamente lo contrario a lo que ahora pide a la Justicia, que continuase el procedimiento".
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