El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de información clasificada, que establece límites temporales concretos para la desclasificación automática de documentos según su nivel de confidencialidad. La normativa, que reemplaza a la vigente desde 1968 durante el régimen franquista, será ahora remitida al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
El texto contempla que la documentación clasificada como alto secreto deberá ser desclasificada automáticamente en un plazo de 45 años, con una posible prórroga de hasta 15 años más. En el caso de los documentos considerados como secretos, el límite se fija en 35 años, prorrogables por una década adicional. Esto supone que se desclasificarán los documentos del asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven asesinado el 4 de diciembre de hace 47 años. Su familia lleva décadas luchando por conocer lo sucedido.
Para los niveles inferiores de clasificación, los tiempos de conservación son menores. Los documentos confidenciales deberán desclasificarse en un plazo de entre siete y nueve años, sin posibilidad de prórroga, mientras que la información restringida tendrá que hacerse pública en un periodo de entre cuatro y cinco años, también sin opción de extensión.
Revisiones periódicas
La nueva ley prevé además una revisión periódica del estado de la documentación clasificada con el fin de evaluar si su mantenimiento afecta a la defensa o a la seguridad nacional. Si no existe riesgo, podrá desclasificarse en cualquier momento dentro del plazo previsto, incluso de forma anticipada.
La normativa incluye también la posibilidad de que ciudadanos con interés personal o profesional soliciten la desclasificación de documentos. El Ejecutivo considera que esta reforma deja atrás una regulación anacrónica y alinea el tratamiento de la información clasificada con los estándares europeos.