La familia de Manuel José García Caparrós, joven sindicalista malagueño fallecido por un disparo policial durante la manifestación por la autonomía de Andalucía del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, se ha sumado a una querella de justicia internacional que se tramita en Argentina y que aborda varias víctimas del franquismo y la Transición.
Joaquín Recio, vocal de la Fundación que lleva el nombre de García Caparrós, ha anunciado esta adhesión en presencia de las tres hermanas del joven, explicando que la acción judicial se integra como una víctima más en un conjunto de demandas contra los crímenes del franquismo.
Recio ha hecho referencia a la Declaración de Reconocimiento y Reparación emitida en febrero por el Gobierno central hacia García Caparrós, calificándola de “eufemismo” y subrayando que el periodo iniciado en 1977 estuvo marcado por la violencia, incluyendo varios casos similares al suyo.
El portavoz ha insistido en la necesidad de esclarecer la verdad y acabar con la falta de reconocimiento sobre lo ocurrido, aludiendo a los crímenes de lesa humanidad que recoge la querella contra quienes dirigían las instituciones franquistas en aquel momento.
Una carta a Pedro Sánchez
Por su parte, Loli García Caparrós, una de las hermanas, ha leído una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicita una reunión, tras no haber obtenido respuesta a una misiva enviada en 2018. La familia reclama avances en la investigación y reconocimiento público.
En la carta también se menciona el anuncio realizado en febrero por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre la intención del Ejecutivo de desclasificar toda la documentación relativa al asesinato de García Caparrós, sin anonimizar, junto con la formación política Sumar, y la modificación de las normas internas para facilitar el acceso a estos archivos.
Las hermanas expresan en la misiva su frustración por la falta de avances y denuncian que el PSOE no ha desbloqueado la situación, reclamando justicia y reparación tras casi cinco décadas de espera, y subrayando que no puede haber víctimas de primera y segunda categoría en casos de terrorismo de Estado. También critican que no se puede conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador sin esclarecer estos hechos y ponen en valor su prolongada lucha por la verdad y la justicia.