Este martes el Congreso de los Diputados cambiará de nombre oficialmente para adaptarse al lenguaje inclusivo. Está previsto que la Cámara apruebe el nuevo reglamento en el que se recoge que la institución pase a llamarse 'Congreso' a secas. Una decisión que ha sido criticada por PP y Vox.
La Comisión del Congreso aprobó el jueves la reforma del Reglamento para adaptarlo a un lenguaje no sexista, una iniciativa promovida por el PSOE y Sumar que ha contado con el respaldo de sus socios parlamentarios. La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada por el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, que han cuestionado tanto el fondo como la forma del texto.
La proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno durante la primavera de 2024, momento en el que los distintos grupos presentaron sus enmiendas parciales. Sin embargo, la tramitación quedó en suspenso hasta ahora, coincidiendo con otro proceso parlamentario destinado a regular las posibles sanciones a periodistas acreditados en el Congreso cuya actuación interfiera con la actividad legislativa o informativa.
Reticencias de los servicios jurídicos
Los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron una nota con observaciones técnicas en relación con esta reforma. En ella advertían que la redacción propuesta por PSOE y Sumar podía introducir ambigüedades en varios artículos, lo que, a su juicio, podría dificultar su correcta aplicación futura. En el documento los letrados sugerían limitar los cambios a una disposición adicional que aclarase que el uso del masculino gramatical debía entenderse como inclusivo, tal y como ya se ha hecho en el ámbito de la Administración General del Estado y en algunos proyectos legislativos.
La propuesta técnica incluía dos alternativas: una cláusula general que diera carácter inclusivo a las formas masculinas utilizadas en el Reglamento, o bien una disposición más detallada que incluyera ejemplos específicos como "diputado o diputada", "Rey o Reina" o "ciudadano o ciudadana", entre otros.
A pesar de estas recomendaciones, la mayoría parlamentaria liderada por el PSOE decidió mantener el enfoque inicial, introduciendo únicamente algunos ajustes de carácter técnico. Esta decisión fue criticada por el PP y Vox, que retomaron las advertencias de los letrados para oponerse al texto final.