El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha abierto a dimitir de su cargo, aunque no por la petición del PP. El ministro sólo renunciará "si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que le he fallado". Sus declaraciones se produjeron durante el Pleno del Congreso, en respuesta a la diputada del PP Mirian Guardiola, tras la querella presentada por una agente por un presunto delito de agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González. Interior también ha destituido al comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO, por un posible encubrimiento de lo ocurrido.
Entre gritos de "dimisión, dimisión" desde la bancada popular, Marlaska aseguró que su departamento desconocía hasta el día anterior los hechos denunciados, que calificó de "graves". Según el ministro, de haber tenido conocimiento de esta situación, habría solicitado inmediatamente la renuncia del número dos de la Policía. En los pasillos del Congreso, destacó que la prueba de la falta de conocimiento previo es que se actuó "de inmediato" al tener constancia de la denuncia.
Tras la dimisión de José Ángel González, Marlaska anunció también la suspensión del comisario Óscar San Juan, señalado en la querella como coaccionador de la denunciante y considerado persona de máxima confianza del DAO. "Evidentemente, por la gravedad de los hechos y para salvaguardar el prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir su renuncia o cesarle de inmediato", explicó el ministro.
Respecto a la gestión interna, Marlaska insistió en que en su ministerio no existía conocimiento previo de la denuncia y subrayó la necesidad de actuar con rapidez ante hechos de esta naturaleza. Añadió que "ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", y reclamó que no se instrumentalice políticamente el caso.
La denuncia
El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid admitió a trámite la querella y ha citado a declarar el próximo 17 de marzo al exdirector adjunto operativo y a la agente denunciante. La resolución judicial indica que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", y solicita también investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.
Según la querella, la agente fue agredida sexualmente por González en una vivienda oficial del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir mientras estaba de servicio. La denuncia incluye una grabación de audio y describe "negativas inequívocas, claras y persistentes" por parte de la agente, además de "violencia física", intimidación y una situación de "aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".
