La Junta de Andalucía ha incluida en la bolsa de trabajo a los empleados a los que reclutó de forma exprés, con tan solo enviar un mail en un proceso abierto durante 24 horas. Una de estas convocatorias fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras ser dictada el pasado 26 de noviembre a raíz de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato CCOO de Andalucía. El Gobierno de PP y Cs anunció que cambiaría el procedimiento por ser irregular, aunque los beneficiarios de las convocatorias que se realizaron forman ya parte de la bolsa de interinos, por lo que podrán ser llamados de nuevo para trabajar pese a que la Justicia tumbó el procedimiento por el que fueron contratados.
"Estos interinos no le están quitando derechos a nadie y se debe reconocer su tiempo de servicio. Para el Gobierno andaluz el sistema exprés por mail fue un sistema libre y abierto que si bien no era el ideal se usó de forma excepcional y urgente", han asegurado fuentes de la administración autonómica a ABC.
Los interinos que sí han tenido que presentarse a algún examen y aprobarlos no comparten la medida, que beneficia a entre 200 y 500 personas que accedieron a un empleo público sin que ni siquiera tuviesen que adjuntar un currículo, con un simple mail y en un proceso que estaba abierto 24 horas. Puede darse el caso de que estos eventuales sean llamados para un contrato de cuatro años y otra persona que sí pasó filtros y accedió a la bolsa con los principios de mérito y capacidad obtenga un contrato de una duración muy inferior.
“Se puede y debe agilizar el procedimiento de nombramiento o contratación, posponiendo determinados trámites en esta situación extraordinaria y excepcional, pero no llegando al extremo de prescindir de los principios de mérito y capacidad, constitucionalmente consagrados”, afirmaba un auto del TSJA, al que accedió lavozdelsur.es, que se refiere a la última convocatoria, la del 15 de septiembre, de las que puso en marcha el Gobierno de PP y Cs el pasado verano.
Convocatorias, según el Alto Tribunal andaluz, inconstitucionales ya que no hacía falta ni adjuntar currículo en la candidatura. Había un plazo de 24 horas para postularse, mediante un correo electrónico, y pese a que la excusa era el covid se pedían perfiles de arquitecto, ingeniero de minas, archivística o expertos en Patrimonio. Unos contratos que fueron acordados, según Bendodo, “con sindicatos en Mesa Sectorial —solo CSIF ha reconocido que apoyó estas contrataciones, pero solo en materia sanitaria— y han ido más allá de las necesidades estrictamente sanitarias que requieren una urgente cobertura”.
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