La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por miembros de las mareas blancas contra el consejero de Presidencia de la Junta y mano derecha de Juan Manuel Moreno Bonilla, el popular Elías Bendodo, por el asunto de las contrataciones exprés realizadas este verano para 159 interinos. En la misma situación quedan la secretaria general para la Administración Pública, Ana Vielba Gómez, y la secretaria general para la Administración Pública, Natalia Silva. Es la segunda victoria de la cúpula de la Junta en este asunto, poco después de que el Ministerio Público archivase otra denuncia similar de CGT.
Según recoge EFE, los procesos de contratación abiertos de forma extraordinaria, fuera de la Bolsa Única y con exclusiones, no tienen ningún reproche penal. Entiende la Fiscalía que las excepciones a la contratación "en ningún caso es irracional o arbitraria, esencia del delito de prevaricación". El razonamiento es el siguiente: si se abren procesos extraordinarios con motivo del covid, sería pertinente dejar fuera a embarazadas, lactantes, mayores de 60, diabéticos o personas con cáncer.
Las contrataciones de la Junta se realizaron en procesos que se abrían sin previo aviso, con márgenes de apenas de 24 horas, en las que la persona resultaba elegida por orden de llegada. La cuestión es que fue la propia Junta de Andalucía la que creó el marco legal para permitirlo: el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra la evolución del coronavirus. Entonces, apenas unas horas después del estado de alarma, la Junta puso en marcha un conjunto de medidas que abrían la posibilidad de contrataciones exprés y regulaba otras áreas, como bajada de impuestos o ayudas a empresas en apuros.
Y todo ello cuando la Junta, en el propio decreto, indicaba que las contrataciones por procedimiento extraordinario eran la última opción. Primero, se daba prioridad a internos para cubrir plaza, y a la bolsa extraordinaria. La elección de apertura de esos procesos sería potestad de la Junta en tanto la pudiera justificar dentro de las necesidades de agilización propias de la situación social y sanitaria derivada del covid. Y eso es lo que entiende la Fiscalía, que la oferta de 159 plazas está justificada por la Junta.
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