La Junta volverá a hacer contratos exprés pero con un nuevo proceso selectivo tras el varapalo del TSJA

El auto del TSJA censura que los contratos hayan prescindido de los principios de mérito y capacidad, "constitucionalmente consagrados". El Gobierno andaluz no recurrirá, aunque insiste en que el proceso fue "transparente"

Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, este martes en rueda de prensa.
Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, este martes en rueda de prensa.

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que respeta las decisiones judiciales, pero ha insistido en que las contrataciones exprés que llevó a cabo hasta mediados de septiembre pasado la Junta con la excusa de la pandemia se sustentaron en un proceso “abierto, transparente y muy oportuno ante las difíciles circunstancias del momento”. Desde luego no considera lo mismo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada el pasado 26 de noviembre tras un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato CCOO de Andalucía.

“Se puede y debe agilizar el procedimiento de nombramiento o contratación, posponiendo determinados trámites en esta situación extraordinaria y excepcional, pero no llegando al extremo de prescindir de los principios de mérito y capacidad, constitucionalmente consagrados”, afirma un auto, al que ha accedido lavozdelsur.es, que se refiere a la última convocatoria, la del 15 de septiembre, de las que puso en marcha el Gobierno de PP y Cs el pasado verano.

Convocatorias, según el TSJA, inconstitucionales ya que no hacía falta ni adjuntar currículo en la candidatura. Había un plazo de 24 horas para postularse, mediante un correo electrónico, y pese a que la excusa era el covid se pedían perfiles de arquitecto, ingeniero de minas, archivística o expertos en Patrimonio. Unos contratos que fueron acordados, según Bendodo, “con sindicatos en Mesa Sectorial —solo CSIF ha reconocido que apoyó estas contrataciones, pero solo en materia sanitaria— y han ido más allá de las necesidades estrictamente sanitarias que requieren una urgente cobertura”.

Como ha podido saber lavozdelsur.es, aunque el auto puede recurrirse ante el Tribunal Supremo la Junta desistirá de tal extremo y acatará la sentencia, que suspende este tipo de contrataciones. “Estamos trabajando en un nuevo procedimiento para la selección del personal laboral necesario en esta crisis”, ha sostenido Bendodo dejando caer que no habrá recurso ante el Alto Tribunal. Sobre los empleados que se beneficiaron de estos contratos, este medio también ha podido saber que muchos de ellos ya han cesado por tratarse de contrataciones temporales, “y en los casos en que se mantengan todavía en activo, se les dará de baja cuando acaben sus contratos”.

Vulneración de derechos fundamentales

Lo que queda claro, aseveran las mismas fuentes, es que el proceso de contratación era irregular, vulneró derechos fundamentales (por discriminar a personas que padeciesen determinadas enfermedades o factores de riesgo, a las embarazadas o en periodo de lactancia, mayores de 60 años) y que no podrá volver a emplearse en la administración autonómica. En un auto de 15 folios, el TSJA, como se ha publicado, mantiene que “ya en una primera lectura de la convocatoria o de las argumentaciones del sindicato recurrente, nos llama poderosamente la atención que en la convocatoria para la selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), para trabajar presencialmente, no haya más “mérito” y criterio de selección que tener la fortuna de que la solicitud tenga entrada antes de que se adjudiquen las plazas que se ofertan”.

“Esta inédita previsión nos aboca inexorablemente al estudio de la apariencia de buen derecho, pues el único mérito o criterio que se aprecia y se tiene en cuenta es, en palabras del sindicato recurrente, “ser los más rápidos a la hora de presentar la solicitud”, ya que su tenor contraría de manera radical no solo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre el acceso a la función pública, sino el propio tenor literal de la Constitución.

Agilidad en la contratación y un concurso con méritos es compatible (si se quiere)

En este punto, la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y los tres magistrados, recuerdan en su auto el artículo 103.3 de la Constitución que remarca la necesidad de que la ley regule el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Entendiendo la situación excepcional, la Sala del TSJA aclara que “establecer un proceso selectivo que respete los principios de mérito y capacidad no conlleva necesariamente el retraso en la cobertura inmediata de los puestos de trabajo que alega la Junta de Andalucía; basta un concurso con escasos méritos, pero claros, concisos y adecuados al cuerpo y puesto de trabajo a desempeñar, en el mismo plazo de presentación de solicitudes y documentación acreditativa de 24 horas y dedicando a la pronta baremación el personal que se estime necesario para una pronta resolución”.

Bendodo ha querido dejar claro que el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos "es transparente y siempre respeta los procedimientos establecidos", y ha detallado que, "al igual que ocurre en estos momentos, en el futuro procedimiento primero se tirará de las bolsas de interinos y laborales, pero, una vez que se hayan agotado, la novedad está en que se remitirá la selección del personal necesario al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que habilitará un procedimiento de emergencia para acotar los plazos en las contrataciones", según ha explicado. "En definitiva, un nuevo procedimiento para seguir mejorando la eficacia en la contratación en tiempos de emergencia social y económica", según ha defendido el dirigente del PP, quien ha argumentado que, ante "situaciones excepcionales" como las que se dan ahora se necesitan "contrataciones urgentes para salir de la pandemia y desbloquear administrativamente el Gobierno", y esas "medidas excepcionales" son las que "ahora vamos a mejorar".

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