El nuevo Gobierno de Andalucía ya se ha estrenado. El pasado martes tuvo la primera toma de contacto con una reunión en la que se aprobó el techo de gasto de la comunidad y, con esto, se iniciaban los trámites para la elaboración del presupuesto. Sin embargo, hasta este viernes no hemos tenido una comparecencia del nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno. Eso sí, no será la última. El nuevo consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha anunciado que durante agosto habrá más de un Consejo de Gobierno para avanzar porque "no hay tiempo que perder". De momento, a pesar de los acuerdos y nombramientos de altos cargos, no conocemos quién será el nuevo portavoz de la Junta de Andalucía. Una decisión que le corresponde al presidente y que todavía no ha comunicado a sus consejeros.
Por si acaso, Sanz ha hecho de maestros de ceremonias en una rueda de prensa muy simbólica. El titular de presidencia ha aparecido con las responsables de los servicios públicos por antonomasia de las comunidades autónomas. A un lado estaba Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo; al otro, Catalina García, nueva responsable del área de salud de la Junta de Andalucía. Todo ello para demostrar que el nuevo Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta va a estar con los más necesitados y no va a acabar con los servicios públicos. Falta por ver hasta qué punto esto será cierto. Ya lo decía Moreno en campaña, "no nos hemos comido a nadie".
Por un lado, en el apartado educativo, Del Pozo ha anunciado un incremento de 5.000 docentes en las aulas andaluzas para el próximo año, 490 de ellos irán a la concertada. En concreto, de los 4.320 docentes de la pública, 1.700 se dedicarán a tareas de refuerzo y apoyo con el objetivo de mejorar el rendimiento académico del alumnado y la reducción del absentismo escolar. Además, se mantienen los 400 maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.
La que fuera responsable de Cultura durante la anterior legislatura ha reconocido que aún no está del todo ubicada en la nueva consejería y que no ha parado hasta el momento, reuniones sectoriales incluidas. Esto no le ha impedido atacar al Gobierno de España por la nueva ley de Educación que, según la Junta va contra "la meritocracia y el esfuerzo" y por la nueva EvAU por no haber sido consensuada, aunque el Gobierno andaluz se ha mostrado favorable a que haya un çunico modelo de examen para toda España.
Pese a todo, en uno de los asuntos más polémicos de la semana, la negativa de la Mesa del Parlamento a aumentar el plazo para la recogida de firmas en la Iniciativa Legislativa Popular, Del Pozo ha defendido que el órgano rector de Parlamento de Andalucía ha cumplido su deber porque los plazos están estipulados "por ley", aunque desde las organizaciones afectadas señalaban que era la primera vez que no se atendía una prórroga. Además, la consejera también ha afirmado que no es necesario una ley para bajar la ratio sino "dinero y hechos", algo que ha complementado con "compromiso y esfuerzo".
Aunque algunas caras son nuevas, el guion no ha variado demasiado con lo que ocurría cuando Bendodo era la cara visible de la Junta. Sanz ha presionado al Gobierno de España para que atienda las peticiones realizadas durante el pasado jueves por parte de Juanma Moreno en su reunión con Pedro Sánchez y, además, ha anunciado que cada una de las consejerías ya ha solicitado una mesa sectorial con el correspondiente ministerio para hacer frente a los problemas que afectan a Andalucía.
Por su parte, el otro gran anuncio del Gobierno ha sido la aprobación en el Consejo de la Ley de Atención Temprana. Moreno, durante la campaña, se comprometió a que sería la primera que se aprobase en el Parlamento durante la nueva legislatura y parece que así será. La sucesora de Jesús Aguirre, Catalina García, ha sido la encargada de exponerla.
La nueva ley, según el Gobierno, es un instrumento fundamental para el desarrollo y el futuro de muchos niños andaluces y sus familias. Se trata de una norma, pionera tanto en Andalucía como a nivel nacional, que implicará la coordinación de tres áreas: Salud y Consumo, Desarrollo Educativo y Formación Profesional e Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad. El nuevo texto contempla expresamente los derechos de los menores y su entorno familiar y promueve la participación, estableciendo un sistema de garantías para dar efectividad a estos derechos.
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