Los contratos de las administraciones públicas durante la pandemia han vuelto a estar en el punto de mira. El 'caso Koldo', que salpica directamente a varias administraciones socialistas por mordidas que se cobraron en la venta de material sanitario defectuoso, ha provocado que el tema esté de nuevo en primera línea política.
En este contexto, la Cámara de Cuentas de Andalucía está a punto de publicar varios informes de fiscalización sobre la contratación de material sanitario y la gestión de las residencias de mayores realizadas por la Junta de Andalucía durante la pandemia de covid-19 que sufrió todo el planeta. El máximo responsable de esos informes será Manuel Alejandro Cardenete, nombrado presidente de la institución por unanimidad esta misma semana. El propio Cardenete ha sido el encargado de anunciar la proximidad de estos informos.
Cardenete fue propuesto por el Partido Popular hace unos días para formar parte del organismo fiscalizador como consejero. El movimiento se puede interpretar como el último 'fichaje' que los populares han realizado desde Ciudadanos ya que el actual presidente de la Cámara de Cuentas, y máximo responsable de los informes que se publicarán sobre los contratos de la administración andaluza durante la pandemia, fue consejero de la Junta de Andalucía durante algo más de 12 meses. Ciudadanos eligió a Cardenete, que era el número dos de Juan Marín, como sustituto de Javier Imbroda al frente de la Consejería de Educación y Deporte tras el fallecimiento del melillense.
En cualquier caso, Cardenete ha señalado que la labor de la Cámara de Cuentas "no es sancionadora" sino que se centra en "poner negro sobre blanco lo que hay". "A partir de ahí hay otros organismos, como pueden ser la Fiscalía o, en el caso de Andalucía, la Oficina Antifraude, la que de oficio, por denuncia, analiza si hay algo extraño", ha añadido.
El Parlamento no copiará la comisión de investigación del Congreso para fiscalizar los contratos
El Congreso de los Diputados, una vez estallado el 'caso Koldo', constituirá una comisión de investigación para fiscalizar los contratos del Gobierno durante la pandemia, pero también del resto de administraciones del Estado. Algo que incluye a las comunidades autónomas. El Partido Popular, a pesar del interés manifestado en que los implicados en el 'caso Koldo' den explicaciones, ha votado en contra de esta comisión. Los populares rechazan que la investigación se tralade a las administraciones autonómicas.
Aunque existen dudas jurídicas, desde el Partido Popular trasladan que al igual que hacen las comunidades autónomas citando a ministros del Gobierno, el Congreso puede recabar información de los gobierno autonómicos. En las filas populares, en cualquier caso, se muestran tranquilos ante la comisión de investigación en el Congreso.
Las vinculaciones del 'caso Koldo' con Granada que ha publicado el diario Ideal ha provocado que los populares eleven el tono contra los socialistas andaluces. De hecho, varios diputados han hecho referencia durante el pleno a las semejanzas que puede tener con el 'caso ERE' o la Faffe, donde también hay un chófer y gastos en prostíbulos. Precisamente, la comisión de la Faffe sigue activa en el Parlamento a pesar de que el PP denuncia un bloqueo de la izquierda al no participar en ella.
Adelante Andalucía fue uno de los partidos que propuso la creación de una investigación sobre los contratos durante la pandemia. Los andalucistas intentaron pactar con el PP participar en la comisión de la Faffe si los populares accedían a constituir una que fiscalizara la actividad de la Junta en el covid. Los andalucistas recibieron una negativa.
En el PSOE no van a registrar la creación de una comisión de investigación sobre los contratos en pandemia. Fuentes socialistas trasladan que ya lo hicieron en la pasada legislatura y recibieron la negación del Partido Popular a pesar de que la justificación utilizada en la redacción era la misma que el PP había realizado para solicitar una nueva comisión sobre la Faffe. Los populares ahora cuentan con mayoría absoluta, por lo que la solicitud parece más complicada. "El rodillo no va a permitiarla", señalan en el PSOE.
Los socialistas andaluces trasladan que están convencidos de que el Gobierno andaluz incurrió en irregularidades en la contratación durante la pandemia. Esta convicción hace que dentro del partido sigan estudiando documentación para terminar acudiendo a los tribunales a denunciarlo.
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