La pandemia fue un momento complicado para las administraciones. La falta de material para hacer frente al virus hizo que se aprobaran contratos de emergencia a empresas que aprovechaban para hacer negocio gracias a la desesperación de los distintos gobiernos por el aumento en la cifra de fallecidos. La situación era ideal para que hubiera corrupción.
Hasta ahora, las polémicas sobre esto habían surgido en Madrid. De hecho, Luis Medina y Alberto Luceño estan en un proceso judicial por una supuesta estafa con la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Sonado fue también el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Justicia terminó archivando la causa sin ver delito, pero aquello le costó el puesto a Pablo Casado, quien destapó el caso siendo el líder del Partido Popular en un pulso con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Las polémicas de este tipo se han vinculado al Partido Popular, pero esta semana todo ha dado un vuelco. El miércoles la Guardia Civil detuvo a Koldo García. El nombre no decía mucho porque tampoco es un personaje de la primera línea política, pero se trata del principal asesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes. La Audiencia Nacional lo sitúa como cabecilla de una trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de Covid-19 a través de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Tras negarse a declarar, Koldo García ha sido puesto en libertad. La investigación sigue su curso y, según El Confidencial, ahora también apunta a la colaboración fundamental de un mando de la Guardia Civil que está en activo.
La sombra de la corrupción amenaza por primera vez al Gobierno de Pedro Sánchez, que hasta el momento había podido presumir de tener mandatos sin escándalos de este tipo. Tanto Sánchez como el propio Ábalos ya se han pronunciado afirmando que no conocían nada de lo que estaba ocurriendo. Pese a ello, el Partido Popular ya aprieta al presidente del Gobierno para que dé explicaciones y algunos de sus dirigentes insisten en denominarlo 'Caso Sánchez' debido a que el cese de Ábalos como ministro se produjo en fechas que coinciden con la investigación.
En las últimas horas ha aumentado la presión de pesos pesados del Gobierno y del PSOE como María Jesús Montero y Margarita Robles para que el ex ministro de Transporte deje su acta de diputado. De momento Ábalos se resiste y así lo ha expresado en la tarde de este mismo viernes en el diario Público. "Yo no he hecho nada", insiste.
El auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno señala que Koldo García agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a dicha empresa.
Para Anticorrupción, hay indicios suficientes para concluir que existe "una organización criminal" que se dedicó a "conseguir la adjudicación" de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García "para mediar y conseguir" dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo "operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades".
La situación de Francina Armengol
La presunta trama se centraba en intermediar en contratos durante la pandemia de Covid-19 de material que fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Al frente de Baleares estaba la que ahora es la tercera autoridad del Estado al ser presidenta del Congreso, Francina Armengol. Este hecho ha sembrado aún más dudas.
Precisamente, el Gobierno de Baleares ha informado de que el Ejecutivo de Armengol dio un contrato de emergencia por 3,7 millones de euros a la empresa vinculada con la trama en 2020 para material sanitario y no fue hasta el último día del Gobierno socialista, antes de la investidura de la popular Margalida Prohens, cuando el Govern reclamó 2,6 millones por el material defectuoso que la empresa había entregado.
Ahora, el Servicio de Salud de Baleares ha iniciado los trámites para reclamar a 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas' el importe de 2,6 millones de euros en concepto de indemnización, correspondiente a la diferencia de precio entre las mascarillas solicitadas y las mascarillas quirúrgicas suministradas por la contratista.
Además, el Servicio de Salud ha resuelto el contrato de emergencia de suministro de mascarillas FFP2 por incumplimiento y auditará esta compra por parte del Govern de Francina Armengol durante la pasada legislatura por un total de 3,7 millones de euros a esta empresa.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sosepcha que Koldo García habría ejercido su influencia para beneficiar a la empresa mencionada con el objetivo de que la reclamación inicial del Govern de Armengol no prosperase y no se tuvieran que devolver los 2,6 millones de euros.
La investigación ha constatado que, a cuenta de esta reclamación de Baleares, hubo varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, a quien el auto señala como "la persona que realmente controla" Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto, aunque figura como propiedad de Íñigo Rotaeche.
Al respecto, la resolución recoge que "se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear, a fin de que ésta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular".
Novedades en el auto del juez
La Fiscalía también sospecha de que Koldo García recibió el aviso de que lo estaban investigando. Según el auto realizado por el juez hubo una comunicación el pasado 3 de febrero en la que se advertía a otro de los investigados, Rogelio Pujalte, para que avisara a Koldo "de que no utilice en sus dispositivos móviles la aplicación de mensajería instantánea Telegram". El exasesor de Ábalos le responde que nunca la ha utilizado y le dice: "No se preocupe, lo sé todo".
Anticorrupción añade en su investigación que Koldo García incrementó su patrimonio considerablemente entre 2020 y 2022 llegando a tener bienes muebles e inmuebles por un valor cercano a 1,5 millones de euros. Este aumento detectado en el patrimonio de Koldo, su pareja y su hija menor de edad, "no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales".
En el auto se pone el foco sobre el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta del material quirúrgico y le llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, "lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".
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