No hacía falta ni adjuntar currículo en la candidatura. Había un plazo de 24 horas para postularse, mediante un correo electrónico, como candidato a optar a empleado público en la Junta de Andalucía, esa que supuestamente, y por exigencia del socio Vox, lucha desde que gobiernan PP y Cs por combatir la administración paralela heredada de gobiernos anteriores. Para colmo de contradicciones, las contrataciones de urgencia de la Administración autonómica tenían su base y supuesta justificación en la emergencia sanitaria de la crisis del coronavirus, pero en cambio, no se pedía ni un solo perfil sanitario.
Para rematar las cosas, y rizar el rizo de lo que jamás debería hacer una administración pública, en la mencionada convocatoria de interinos se incurría en una "discriminación" al excluir de la misma a "mujeres embarazadas o en periodo de lactancia", algo inconstitucional, o también se dejaba fuera "a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años", lo que "no está amparado por ninguna legislación al respecto.
Todo eso forma parte de la denuncia que presentó la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) contra el consejero andaluz de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; y otros cargos del Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a cuenta de un presunto delito de prevaricación derivado de la convocatoria de contratación urgente de 159 funcionarios interinos promovida el pasado 8 de julio. Este miércoles se ha conocido que la Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal por esta denuncia, según figura en un decreto del Ministerio Público rubricado el pasado 16 de septiembre.
La mencionada denuncia se dirigía contra Bendodo; la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Vielba; y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, como "autoridades responsables de las contrataciones de personal para la Junta de Andalucía", así como "contra cuantas personas pudieran derivarse del presente procedimiento".
Según los denunciantes, en la convocatoria media la "contradicción flagrante" de que se hace "al amparo de la crisis sanitaria originada por la pandemia" del coronavirus Covid-19, pero "en el perfil de todas estas contrataciones no aparecen para nada profesionales o trabajadores del sector de la salud, encontrándose Andalucía en este periodo con una enorme saturación de los servicios con falta de personal en Atención Primaria y especialidades".
Además, en la denuncia se señalaba que la convocatoria fue promovida "de manera urgente", con un procedimiento de solicitudes canalizado "por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera currículum", lo que "vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público",
Para esta entidad, "todo hace pensar que esta convocatoria, junto a otras similares que se están produciendo, quizás tratan realmente de formalizar una 'administración paralela' con mecanismos de selección presuntamente fraudulentos y, entre otros objetivos, subyace el deseo de sortear los mecanismos de control e informes previos necesarios de impacto medioambiental o de impacto a la salud que la legislación exige, sobre todo en proyectos urbanísticos, algunos de gran relevancia y que actualmente están en espera de 'acelerar' los trámites".
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento, Rodrigo Sánchez Haro, ha recordado que "el PSOE de Andalucía llevó a los juzgados, al Contencioso-Administrativo, 32 procesos de contratación exprés de la Junta para cubrir 3.487 plazas públicas, denuncia que se amplió con una nueva convocatoria dudosa para 278 puestos, de nuevo en 24 horas y sin transparencia ni garantía alguna de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades en el acceso a un empleo público".
Solo en el caso de los controvertidos vigilantes de las playas fueron 3.000 contrataciones sin ningún tipo de sujeción a la obligatoriedad de transparencia, capacidad, mérito y concurrencia que se ha de exigir a una administración pública. De hecho, en un principio la Junta aseguró que dichos contratos se harían a partir de la Bolsa Única, aunque posteriormente reculó tras denunciar el sindicato CSIF que no estaba operativa.
El portavoz socialista ha criticado que "el Gobierno de PP y Cs se ha estado dedicando a meter en la Junta por la gatera a todo el que ha podido, utilizando la pandemia como excusa para colar sus colocaciones exprés", mientras "parece que la crisis del coronavirus no ha supuesto para ellos suficiente motivo para contratar a más médicos, a más enfermeros, a más rastreadores, a más profesores y profesoras" ha lamentado. "Nos alegramos de que la justicia se ponga manos a la obra a estudiar este asunto porque es intolerable y no vamos a aceptar que el Gobierno de Moreno Bonilla cometa este atropello en la Junta y se quede tan pancho", ha afirmado.